El sector alimentario ha calificado de positiva la sentencia que declara nulo el decreto del Gobierno catalán que regulaba el impuesto sobre las bebidas azucaradas, una tasa que denunciaron a finales de 2017 por considerar que provoca "inseguridad jurídica".

El recurso lo presentaron formalmente representantes de las organizaciones agrarias (Cooperativas Agro-Alimentarias, Asaja, COAG y UPA), la industria alimentaria (FIAB y Promarca), de las cadenas de supermercados (Aces, Anged y Asedas), las empresas de gran consumo (Aecoc) y de la patronal Marcas de Restauración.

En un comunicado, el sector ha señalado este jueves nada más conocer el fallo que la normativa -vigente desde hace más de año y medio- ha generado "pérdida de competitividad e inseguridad jurídica a las compañías que operan en Cataluña".

Ha apuntado, asimismo, que esta tasa es "una medida injustificada, puramente recaudatoria y que afectaba negativamente a toda la cadena y a los propios consumidores".

El TSJC ha decidido estimar el recurso interpuesto por estas entidades al considerar que el Ejecutivo catalán prescindió de los trámites esenciales de consulta, audiencia e información públicas a la hora de aprobar este decreto.

De esta forma, el tribunal no ha entrado a analizar el fondo de la cuestión y ha optado por declararlo nulo por defectos de forma.

El sector alimentario ha recordado que en su recurso señalaba que el impuesto era "inconstitucional por vulnerar los límites sobre las competencias tributarias de las comunidades autónomas" y rompía la unidad de mercado, entre otros puntos.

Por su parte, la patronal que agrupa a las empresas de refrescos Anfabra ha advertido de que la decisión del tribunal no suspende de momento su aplicación de la norma.

"El fallo no suspende el impuesto, la Generalitat puede recurrir. Sólo se dejará de aplicar una vez la sentencia sea en firme", ha explicado en declaraciones a Efe el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Josep Puxeu.

En su opinión, lo más probable es que todavía haya que recorrer "un camino largo" hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva una vez agotados todos los recursos.