La reforma del despido "en el aire": La falta de clarificación provoca un abuso del despido improcedentes
El plan de Díaz que se limita a endurecerlos no evitaría esta situación
Empleado sorprendido recibiendo la notificación de despido del jefe
Madrid - Publicado el
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El debate sobre la reforma del régimen jurídico del despido en España ha entrado en una nueva fase de estancamiento que muchos expertos califican ya como un “callejón sin salida”.
Pese a la proclamada voluntad política de alterar el marco actual, la complejidad intrínseca de la materia, la resistencia empresarial, las divergencias dentro del Gobierno y las advertencias de organismos internacionales han convertido el cambio normativo en una operación de difícil factura.
Despido laboral
El resultado es que la vieja estructura del despido ,con indemnizaciones tasadas, máxima previsibilidad para las empresas y ciertas lagunas para los trabajadores, podría terminar consolidándose de nuevo, cuando lo deseable sería justamente lo contrario.
Un sistema heredado que resiste al cambio
España mantiene un régimen de despido improcedente con una indemnización equivalente a 33 días de salario por año trabajado y un tope de 24 mensualidades, lo cual según algunos expertos no resulta suficientemente disuasorio ni equitativo.
Este esquema ha sido objeto de críticas por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) al considerar que no garantiza una compensación adecuada o reparación apropiada para el trabajador despedido sin causa, tal como exige la Carta Social Europea.
Desde ese prisma, el marco vigente se sostiene en la previsibilidad para el empleador, pero deja sin corregir lo que muchos consideran una desigualdad estructural para el trabajador.
A pesar de que el Ejecutivo se comprometió a abordar la reforma en su programa legislativo, la propuesta no ha logrado avanzar con claridad y decisión.
Resistencias y divergencias que bloquean las negociaciones
La patronal ha mostrado una actitud reacia a cambios sustanciales en el coste del despido. Las organizaciones empresariales han expresado que no acudirán a mesas de negociación si la premisa es que el despido pase a ser notablemente más caro.
Por otro lado, los sindicatos han elevado la presión exigiendo readmisiones, restitución de los salarios de tramitación eliminados en 2012 y una cuantía indemnizatoria más flexible que tenga en cuenta el daño real al trabajador despedido.
El propio Gobierno vive una tensión interna entre los ministerios que desean avanzar con mayor ambición y otros que advierten sobre los efectos adversos que puede tener para la contratación y la economía.
Esta combinación de freno empresarial, exigencia sindical y dilación política ha convertido la reforma en un ejercicio de equilibrio complejo y poco productivo.
Hay que tener en cuenta el agujero de la previsivilidad y los litigios
Mientras no se produce un nuevo acuerdo normativo, el sistema vigente sigue generando tensiones en los tribunales y una inseguridad jurídica creciente para empresas y trabajadores.
Las demandas por despido se han incrementado de forma notable y los despachos de abogados alertan de que la previsible apertura a indemnizaciones “a la carta” —que contemplen daño emergente o lucro cesante— podría disparar litigios y reducir la claridad que hasta ahora proporcionaba el sistema tasado.
En este escenario, algunas sentencias comienzan a reconocer cuantías superiores o readmisiones, lo que aumenta la incertidumbre para el empleador. Todo ello refuerza la convicción de muchos especialistas de que, en lugar de corregirse, el problema se está enquistando.