El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha empezado a recibir las primeras peticiones de indemnización de los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, un fenómeno que no suele estar cubierto por las aseguradoras porque se considera un evento de fuerza mayor.

Hasta el 22 de septiembre, el Consorcio había recibido las primeras 40 peticiones -de los cientos que previsiblemente están por llegar-, de las cuales 14 se presentaron a través del centro de atención telefónica gratuito del CCS (900 222 665) y otras 26, por internet a través de la página web del CCS ( www.consorseguros.es)

En concreto, estas primeras solicitudes proceden de las localidades de Los Llanos de Aridane y El Paso, y corresponden a 33 viviendas, cinco automóviles, un comercio y una industria, explica el Consorcio.

Todas ellas se han asignado ya a los correspondientes peritos de seguros, que están contactando con los asegurados para programar las visitas a los distintos siniestros e informar a los afectados de los pasos que deben seguir y la documentación que tienen que aportar para agilizar la valoración.

AÚN ES PRONTO PARA CALCULAR LA CIFRA DE SINIESTROS

Dado que la erupción continúa activa y que los peritos no han podido acceder a las zonas afectadas, el CCS no puede disponer, de momento, de estimaciones del número de siniestros esperados ni del coste de los daños que pueden ser indemnizables, datos que hará públicos en cuanto tenga la información, dice el organismo.

El Consorcio es un organismo público que se nutre con las aportaciones de las aseguradoras y que se ocupa de cubrir los daños provocados por los llamados "riesgos extraordinarios" que estas no atienden, como embates de mar, terremotos, grandes inundaciones, tempestades ciclónicas o las DANA.

Según explica la web del organismo, el CCS indemnizará los daños a las personas aseguradas, si se produjeran, así como los que afecten a los bienes asegurados, ya sean viviendas o comunidades de propietarios, vehículos, locales de oficina, establecimientos comerciales y de servicios, industrias, obras civiles e infraestructuras, tanto de titularidad pública como privada.

También se hará cargo de los daños "inmateriales" que sean consecuencia de la erupción del volcán, como la pérdida de alquileres de propietarios de inmuebles, los gastos de alojamiento derivados de la inhabitabilidad de la vivienda, o la pérdida de ingresos por la paralización de comercios o servicios.

CÓMO RECLAMAR SI HA RESULTADO AFECTADO

La forma de proceder es la siguiente: el asegurado debe contactar en primer lugar con su compañía, en alguno de los teléfonos especiales que la gran mayoría están habilitando para atender a los afectados, y seguir las indicaciones para reclamar al Consorcio, aunque antes tienen que acceder al bien dañado y listar las pérdidas materiales sufridas, entre otros datos.

Para ayudar a los afectados, el Colegio de Registradores ha habilitado un espacio en su web donde estos podrán consultar los daños que hayan sufrido sus inmuebles y recibir la documentación que acredite que son de su propiedad, necesaria para solicitar ayudas económicas.

Y para quienes no hayan podido recuperar los documentos que acrediten su titularidad u otros derechos sobre las fincas afectadas, los registradores ofrecen un servicio de certificación gratuito y rápido de titularidades.

LA BANCA OFRECE SU AYUDA

Las patronales de la banca española AEB, CECA y Unacc y la gestora de activos inmobiliarios Sareb ya han anunciado su intención de ceder a estas personas de forma temporal las viviendas vacías que tengan disponibles en la isla "mientras sea necesario".

También contemplan estas organizaciones que las entidades financieras a las que representan ofrezcan otras ayudas, como anticipos de indemnizaciones y líneas de financiación preferenciales.

La Comisión Europea también ha recordado, a través de su comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que cuenta con "fondos disponibles" para paliar las consecuencias agrícolas, pesqueras y medioambientales de la erupción del volcán, siempre que el Gobierno español lo solicite.

EFECOM

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