Varios miembros de la Guardia Civil que han declarado este jueves en la Audiencia Nacional han ratificado sus informes sobre prácticas fraudulentas en Petromiralles, delito del que están acusados los dueños de la cadena de gasolineras, José María y Pedro Torrens, y una veintena de personas.

El presunto fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se habría cometido en gasolineras de Cataluña entre 2011 y 2013 está estimado en algo más de 147 millones de euros.

Las pesquisas comenzaron en 2012, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició una investigación sobre la posible existencia de una organización criminal que estaría cometiendo un importante fraude fiscal a través de empresas pantalla.

Los guardias civiles que han testificado hoy, de los que no se ha desvelado su identidad, han ratificado todos los puntos de los diversos informes sobre los que la Fiscalía se ha apoyado, en lo relativo a entradas y salidas de dinero y a la operativa para eludir el pago de impuestos.

En concreto, uno de ellos ha recordado las "elevadísimas cantidades de dinero" que se sacaban de las cuentas, importes que se justificaban porque "los transportistas querían cobrar en efectivo".

La trama habría eludido liquidar los impuestos que la actividad de distribución de productos petrolíferos genera, falsificando para ello sus declaraciones tributarias.

José María y Pedro Torrens habrían sido los principales beneficiarios de un entramado empresarial creado expresamente para lograr la obtención de productos petrolíferos a un precio sensiblemente inferior al de mercado.

Este precio súper reducido se habría alcanzado haciendo responsables de la liquidación del pago de los impuestos que el comercio de estas mercancías genera a unas empresas instrumentales (Fast Petrol, Servicios Petrolíferos Avanzados y Scout Energy), a cuyo frente se colocan testaferros que no abonaban el IVA.

Para hacerse con las ganancias ilícitas, la organización se habría servido de retiradas de dinero en efectivo realizadas por los testaferros con una periodicidad de 2 ó 3 veces por semana, desviando estos fondos a cuentas en Hong Kong y Andorra.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para los hermanos Torrens 18 años de prisión por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales.

En mayo de 2019, la Audiencia Nacional ya condenó a José María Torrens a 18 meses de prisión por defraudar a Hacienda 5,7 millones de euros en IVA entre 2009 y 2010 a través de la sociedad Hercobús, creada de espaldas a su hermano para multiplicar sus ganancias personales. EFE

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