Este sábado ha sido el día elegido por el Gobierno para comunicar a Bruselas el Plan Presupuestario de 2023 que contempla, por primera vez, dos escenarios económicos. El Ejecutivo lo justifica por el elevado nivel de incertidumbre de la situación actual. Admiten que recaudarán 24.000 millones más de lo previsto inicialmente vía impuestos. El Ejecutivo avisa a las autoridades comunitarias de que existe un desequilibrio en las cuentas públicas de 2023, pero señala que es importado por la guerra de Ucrania, y que será pasajero.

El primero se incluyen las mismas previsiones tributarias que refleja el presupuesto del año próximo. El segundo avanza un plan para gastar 10.000 millones más en 2023. Los ingresos adicionales con los que se cuenta se los reserva el ejecutivo para futuras actuaciones como ayudar a las familias. El panorama de año electoral que viene por delante explica esta cuestión.

El Gobierno insiste en el papel que la revisión al alza de las cifras se debe al crecimiento económico, pero hay que subrayar que también hay una parte muy importante que se debe a la inflación. El Estado recauda más en el IVA por el aumento de los precios.

Cabe recordar que en cuanto a la previsión de crecimiento, Moncloa rebajó esa previsión para el año que viene y la deja en el 2,1%. Es un dato de lo más optimista comparado con las estimaciones de los principales organismos económicos. El Banco de España ha reducido su pronóstico para 2023 hasta el 1,4%.

Las cifras

En cifras, el Plan Presupuestario de 2023 recoge en el primer escenario que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3% del producto interior bruto (PIB), con 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Por el lado de los gastos, contempla para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,1% sobre el PIB en 2022 y del 46,2% para 2023.

Así, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrían un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional. En el caso de la partida de impuestos, pasan de los 344.627 millones en el primer escenario a los 354.283 millones, 9.656 millones adicionales. "Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética", recoge el documento.