La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Juzgado de Instrucción que investiga un presunto fraude en las obras de un tramo del AVE que discurre por las provincias de Alicante y Murcia que rechace la solicitud de sobreseimiento y archivo de las actuaciones presentada por el director de las mismas, el ingeniero Andrés Celestino Rodríguez.

En su escrito, este investigado alegó que no tuvo participación alguna en las negociaciones que concluyeron con la suscripción del acuerdo firmado en febrero de 2010 entre el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sobre reposición de las infraestructuras de regadío afectadas por el AVE.

Además, señaló que tampoco participó en la elección de la figura de los expedientes de gasto como instrumento para articular las reposiciones de los servicios afectados por las obras acometidas por ADIF.

Andrés Celestino Rodríguez expuso, por otra parte, que él se ocupaba exclusivamente de la obra principal, ya que de los trabajos de reposición de las redes de regadío se encargaba el citado Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

Finalmente, señaló que siempre actuó en la confianza de que obraba correctamente, además de recalcar que ningún lucro había obtenido por las actuaciones que se investigan por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y otros.

La Fiscalía, a través de un escrito al que ha tenido acceso Efe, comenta que los alegatos vertidos por este investigado no contradicen los indicios de criminalidad que existen sobre él en la causa, que se tramita en un Juzgado de Instrucción de Murcia.

Apunta también que aquel suscribió las relaciones valoradas a origen de las obras ejecutadas, las actas de conformidad con los trabajos y las actas de finalización de los expedientes de gasto.

Así mismo, no se olvida de citar que en las diligencias figura un correo electrónico enviado en enero de 2010 al correo del apelante por el jefe de la unidad de asistencia para el control y vigilancia de las obras en el que se ponía de manifiesto que se habían detectado unidades de obra de entubaciones no suficientemente justificadas.

El ministerio público añade que este investigado "no solo tomó conocimiento de la operativa irregular, sino que con su praxis propició el abono por ADIF de cantidades muy superiores a las obras realmente ejecutadas, respecto de las cuales no se ejerció un control efectivo".

Por su parte, la Abogacía del Estado, al oponerse igualmente a la concesión del sobreseimiento reclamado por este ingeniero que la obra de cuya dirección estaba encargado comprendía no solo a las infraestructuras principales, sino, también, a las relacionadas con la reposición de las redes de regadío.

Señala, además, que ello se acredita con el dato de que firmara actas de recepción y conformidad de tales trabajos.

Las diligencias judiciales, conocidas por Operación César, investigan un presunto caso de corrupción que se habría cometido con la emisión de facturas por obras no realizadas o mediante otras por un importe muy superior al que realmente correspondía.

Esas maniobras presuntamente fraudulentas fueron reconocidas por otro de los imputados, Juan Ortín, dueño de la empresa subcontratista.