El pleno del Congreso de los Diputados debate esta próxima semana la toma en consideración de la proposición de ley que registró el Grupo Popular antes de salir del Gobierno para ampliar las causas por las que se podría denegar el cierre de instalaciones de generación eléctrica a sus propietarios.

La proposición de ley fue registrada a finales de abril, después de que el Ministerio de Energía, dirigido entonces por Álvaro Nadal, elaborara un real decreto para ampliar las causas por las que este Departamento podría negarse a autorizar el cierre de centrales de producción eléctrica.

Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su informe sobre el proyecto de real decreto, puso numerosas objeciones al texto del Ministerio, que en su opinión carecía de rango normativo suficiente para modificar la Ley del Sector Eléctrico.

Energía quería con este real decreto impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir Iberdrola, propietario de esta central nuclear con Endesa, desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España, y en mayo de 2017 Gas Natural Fenosa y Endesa Generación, propietarios de la central térmica de Anllares, ubicada en Páramo del Sil (León), solicitaron el cierre de la misma, a lo que la CNMC no ha puesto objeciones.

También Iberdrola había solicitado autorización para cerrar sus dos últimas centrales de carbón en el mundo, la de Velilla, en Palencia, y la de Lada, en Asturias.

La proposición del PP cuya toma en consideración se debate esta semana modifica los artículos 53 y 64 de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, introduciendo en cada uno de ellos un nuevo apartado.

Con esas modificaciones, se podrá denegar el cierre de una central si su clausura incide negativamente en los precios, la competencia en el mercado eléctrico, las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.

También contempla que se podrán establecer medidas para hacer posible que una central siga funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

A las nucleares, cuyos titulares tienen que solicitar la renovación del permiso de explotación un año antes si quieren seguir con su actividad, se les aplicaría el mismo mecanismo no sólo en caso de solicitar el cierre, sino también si se cumple el plazo para pedir la renovación de la autorización de explotación sin que presenten la solicitud para continuar con la actividad.

El debate de la proposición del PP, registrada antes de que este partido saliera del Gobierno por la moción de censura que presentó el PSOE, se produce en un momento en el que el nuevo Ejecutivo ha reiterado su voluntad de cerrar las seis centrales nucleares que hay activas en España según cumplan 40 años del inicio de su explotación, así como con un fuerte repunte del precio de la luz.

Álvaro Nadal defendía la continuidad de las centrales nucleares y carbón alegando que el cierre de las primeras encarecería un 25 % el precio de la electricidad en el mercado mayorista y el de la segundas, un 15 % en las puntas de consumo que se registran en invierno y en verano.