El cambio de la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz que provoca el frenazo de Junts: "Empuja al cierre de empresas"

El ambicioso plan del Gobierno para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales ha chocado de frente con uno de sus principales escollos parlamentarios: el rechazo frontal de Junts per Catalunya, cuyos siete diputados son imprescindibles para que la reforma supere el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, previsto para celebrarse en un pleno extraordinario antes del próximo 22 de julio.

En una reunión celebrada entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, la formación catalana dejó claro que no retirará su enmienda a la totalidad. Su postura se alinea con las presentadas por el PP y Vox, lo que pone en jaque la tramitación parlamentaria de la que es una de las principales apuestas del Ejecutivo para esta legislatura.

“Estamos en las antípodas”, resumieron desde Junts tras el encuentro, descartando cualquier acuerdo si no hay cambios sustanciales. Junts no se mueve... por ahora

Junts no se mueve... por ahora

A pesar del desencuentro, desde el Ministerio de Trabajo mantienen un discurso optimista. Yolanda Díaz asegura que aún hay margen para un entendimiento “in extremis” antes del 22 de julio. Esa jornada, la Cámara Baja votará las enmiendas y decidirá si el proyecto continúa su recorrido parlamentario o si vuelve al punto de partida.

La posición de Junts no ha variado desde que se conoció la iniciativa del Gobierno. A su juicio, la reducción de jornada perjudica especialmente a las pymes, que suponen la mayor parte del tejido empresarial en Cataluña. “Empuja al cierre de empresas”, denuncian en privado algunos dirigentes de la formación, que consideran que el planteamiento actual ignora la realidad económica catalana.

En su enmienda a la totalidad registrada en el Congreso, Junts aboga por una fórmula más flexible, basada en la negociación colectiva sectorial y el consenso con los agentes sociales, algo que —según defienden— ha funcionado históricamente en el ámbito laboral español. Además, critican con dureza la introducción del nuevo registro horario, por considerarlo complejo de implantar y potencialmente letal para muchos pequeños negocios.

Riesgo de bloqueo legislativo

En el actual tablero político, los siete escaños de Junts pueden inclinar la balanza. La suma de sus votos junto a los del PP y Vox daría lugar a una mayoría absoluta de 177 diputados, suficientes para devolver el texto al Ejecutivo y bloquear su tramitación. Sin Junts, la reforma laboral estrella del Gobierno quedaría enterrada, al menos en esta fase.

Desde Junts ya han instado al Gobierno a “presentar una nueva propuesta basada en la flexibilidad y con un enfoque equilibrado y gradual que dé respuesta a las distintas realidades”. La puerta al diálogo no está del todo cerrada, pero el mensaje es claro: sin propuestas nuevas y concretas, como ayudas directas a las pymes, no habrá respaldo.

Mientras tanto, el ambiente en el ala socialista del Ejecutivo es más cauteloso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó entrever que la aprobación del texto no será sencilla: “Si no es a la primera, será a la segunda, o a la tercera”, reconoció la semana pasada.

A estas palabras respondió Yolanda Díaz durante el Congreso de CCOO con determinación: “No queremos que salga a la tercera. Queremos que sea a la primera”.

La tensión parlamentaria crece a medida que se acerca el pleno decisivo. Si el Gobierno no consigue mover a Junts de su posición, la ansiada reducción de la jornada laboral para los 12,5 millones de trabajadores que podrían beneficiarse se quedará, por ahora, en papel mojado.