La sustitución del caudal del trasvase Tajo-Segura por agua desalada no solo tendrá consecuencias económicas y sociales derivadas del aumento del coste del agua del 20 %, que en años de sequía podría alcanzar hasta el 130 %, sino también medioambientales, como riesgo de desertificación o sobreexplotación de acuíferos, entre otras.

Así se expone en un estudio de las Cámaras de Comercio de Alicante, Murcia, Cartagena, Almería, Lorca y Orihuela sobre el trasvase Tajo-Segura y las necesidades hídricas de las provincias del sureste de España.

El documento asegura que la desalación de agua de mar "no constituye una alternativa al trasvase Tajo-Segura" e incide en que "puede ser un complemento de sus recursos, pero nunca una verdadera alternativa que permita su sustitución".

Según el informe, "la solución a la disponibilidad de recursos hídricos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería debe basarse en la combinación de estrategias: desalación, reutilización de aguas residuales y aportes exógenos en forma de trasvases (respetando siempre las demandas de la cuenca cedente, incluidas las medioambientales, que son siempre prioritarias)".

El documento, que lleva como título "El trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura necesaria", será difundido a los ministerios afectados del Ejecutivo central, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea.

En él se indica que "la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, junto con el incremento de los caudales ecológicos previsto en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, ha provocado una gran preocupación entre los agricultores y otros usuarios del agua del trasvase".

"La reducción del volumen máximo trasvasable en el nivel 2 desde los 38 hm3/mes actuales hasta 27 hm3/mes se fundamenta en el hipotético ahorro que podría garantizar más envíos automáticos de caudal en períodos deficitarios", añade.

Por otra parte, señala, "el aumento de los caudales ecológicos del Tajo hasta los niveles propuestos se considera inasumible, ya que la capacidad de desalación prevista en la planificación actual no es suficiente para compensar las pérdidas de volúmenes superiores a un incremento de 1 m3 por segundo".

Remarca que "el agua del Tajo es vital para el desarrollo de sectores clave para la economía de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, como la agricultura de regadío, el turismo, la construcción y la industria".

"Además, el trasvase es la auténtica garantía del abastecimiento urbano para más de tres millones de habitantes y visitantes", y "el principal uso del agua procedente del trasvase Tajo-Segura es la agricultura de regadío", subraya.

También advierte de que "la sustitución del caudal del trasvase por agua desalada no solo tendrá consecuencias económicas y sociales derivadas del aumento del coste del agua del 20 %, que en años de sequía podría alcanzar hasta el 130 %, sino también medioambientales (aumento de la huella de carbono, sobreexplotación de acuíferos, pérdida de biodiversidad, riesgo de desertificación...)".

El estudio reseña que "los presidentes de las Cámaras de Alicante, Almería, Cartagena, Lorca, Murcia y Orihuela se han comprometido a defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y reclamar ante las administraciones la necesidad de que no se cuestione constantemente una infraestructura imprescindible para la economía de las provincias del sureste de España".