Ante la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont y sus efectos futuros conviene tener ideas claras. La decisión judicial supone un revés para el Estado español, después de haber obtenido el apoyo de la fiscalía alemana. A esta decepción hay que añadir el desconcierto ante las lagunas de los mecanismos de coordinación que operan dentro de la Unión Europea y la aplicación del principio de confianza mutua. Recordemos que la Unión nació, entre otras cosas, para ayudarse mutuamente ante las amenazas a la estabilidad y al orden dentro de cada Estado miembro. En todo caso la batalla judicial no ha terminado y ahora exige mayor seguridad en los argumentos jurídicos del Estado de Derecho.

Lógicamente, la decisión del tribunal alemán tiene una repercusión política, como demuestra envalentonamiento de la causa independentista. Sin embargo hay que recordar que esa decisión no modifica el fondo del problema. Existe una grave responsabilidad penal y política de quienes atentaron contra la Constitución, llevaron adelante un proceso de ruptura de la unidad de España y alteraron gravemente la convivencia ciudadana en Cataluña.

El desafío secesionista sigue requiriendo rigor en las actuaciones judiciales, unidad de las fuerzas políticas constitucionalistas y un amplio esfuerzo social y cultural para mostrar el bien y la conveniencia de la unidad.