En nuestra lengua, existe un verbo que se utiliza mucho pero se aplica poco en la política española: dimitir. Incluso si te tomas 5 días de reflexión, acabas por descartarlo. Es un clásico que se traduce en la muy arraigada costumbre en España de atornillarse a la silla. Pase lo que pase, el “no voy a dimitir”, que entonó Luis Rubiales, más que un lema, es un mantra.

Es estas anda ahora mismo el actual Fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz atornillando la silla al suelo de su despacho. Su cargo es de esos en los que el papel pone una cosa y en la práctica es otra. Se supone que la fiscalía debe ser un órgano independiente, por aquello de la separación de Poderes, pero en la práctica, como dijo Pedro Sánchez, ¿De quién depende la fiscalía?

En la práctica su actividad está vinculada al partido de gobierno de turno. Y Álvaro García Ortiz lo ha llevado a rajatabla. Tanto que en las ultimas 48 horas ha recibido dos varapalos judiciales: El primero, porque el Tribunal superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación interna contra dos fiscales por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Algo que ha intentado bloquear la fiscalía general.

El otro asunto no es menos grave, el Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Memoria Democrática. El nombramiento fue político y lo hizo Álvaro García Ortiz con pleno de polémica: Dolores Delgado fue su antecesora y tiene una parcialidad política evidente porque fue ministra de Justicia. Pero es que además, Dolores Delgado, lleva casos en los que puede estar implicado su pareja, el ex Juez Baltasar Garzón, cuyo despacho está especializado en esta materia de Memoria democrática.

Estas son sólo las últimas puntillas que ha recibido el mandato del Fiscal General. Pero vamos, el currículum de polémicas es bastante amplio. En su día el Tribunal Supremo ya calificó el ascenso de Delgado en la carrera fiscal como una “desviación de Poder”. Además, en la lista, tenemos el repentino cambio de criterio de la fiscalía sobre el terrorismo en el caso Tsunami o en la investigación a Carles Puigdemont en el Supremo o su rechazo a emitir un informe sobre la ley de Amnistía.

Por cada una de estas polémicas, Álvaro García Ortiz, ha ido poniendo un tornillo a la silla, tantas que en la ferretería se están quedando sin existencias.El Fiscal General es una pieza política judicial tocada un peón que se ha quedado desubicado en el tablero y los alfiles de la oposición van a por él. En el Senado el PP ha solicitado al Gobierno su destitución.

Sin embargo, lo que va a poner a prueba la resistencia de la silla es otra decisión del Supremo que debe decidir sobre su continuidad en el cargo tras una recusación que hizo una asociación de fiscales.

Álvaro García Ortiz prepara el terreno y ha pedido que se aparte a 4 de los 5 magistrados que deben tomar esa decisión porque son los mismos que ya le han tirado de las orejas en el caso de Dolores Delgado. Esto ya ves que parece Juego de Tronos. Así está la justicia, impregnada de política y lo peor es que ya no nos extraña nada de lo que pueda pasar.