A finales de enero de 2019, la Policía destapó una de las investigaciones más macabras y sensibles que se recuerdan. Entre 1995 y 2015, una funeraria de Valladolid había obtenido grandes beneficios económicos con la reutilización de los ataúdes que vendía a los familiares de los fallecidos para la cremación que, cuando llegaban a ese momento, sustituían por otros de mucha menor calidad y más baratos. Un cambiazo en toda regla. Ahora, más de cuatro años después, la Fiscalía ha presentado escrito de acusación contra 24 personas implicadas en estas prácticas y les pide en conjunto más de dos siglos de cárcel. Los que se enfrentan a penas mayores, veinte años cada uno, son la viuda del dueño del tanatorio El Salvador y sus tres hijos. Y los delitos, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, blanqueo, falsedad y otro contra el respeto a los difuntos.

Pablo Muñoz, periodista de ABC experto en sucesos, explica enLa Linternacómo operaba la trama: “Lo que dice la Fiscalía es que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido y máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un plan para sacar todo el dinero posible de los familiares de los fallecidos, que dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín”.

Así era el faude de los ataúdes de Valladolid

En esta trama había dos fases. La primera consistía en “la retirada de los féretros a los difuntos, justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, a pesar de que el contrato especificaba que el cuerpo y el féretro debían incinerarse juntos”. La segunda fase consistía en, “tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios. Vamos, que los reciclaban, y el nuevo cliente volvía a pagar por un ataúd ya comprado”, explica Pablo Muñoz. “Para que las familias no se diesen cuenta, se les negaba la posibilidad de ver la entrada del féretro al interior del horno crematorio. Por supuesto, nadie sabía que el féretro ya había acogido otros cuerpos”.

Pero para que el plan funcionase, los empleados de la funeraria tenían que colaborar. Entre los acusados hay una veintena de trabajadores que se van a sentar en el banquillo y que se enfrentan a penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. “Lo curioso es que fue uno de ellos -que se ocupaba de las cremaciones- el que tiró de la manta”, porque el dueño de la funeraria no había cedido a entregarle más dinero tras su jubilación, así que decidió acudir a la Policía. Por este motivo, el trabajador fue denunciado por el empresario, “pero al ser detenido sacó a la luz documentación con anotaciones manuales y fotografías y vídeos de los difuntos”, relata el experto. “Pero la Fiscalía sostiene que había muchos más implicados, desde los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes”. Además, colaboraban con ellos los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio.

Un detalle "muy significativo" para la Policía

Pablo Muñoz desvela otra prueba de peso, además de esas anotaciones e imágenes entregadas por ese trabajador: “En la casa del propietario del negocio y su mujer se hallaron 982.000 euros y en otras dependencias una carta dirigida al 'patriarca' de la empresa en la que los trabajadores reclamaban «el sueldo que nos debes de los tres últimos años o contamos todo lo que hacemos»”. Este detalle fue muy significativo para la Policía que, además, evidenciaba que había más personas implicadas que el trabajador que había denunciado.

Los beneficios económicos de “los cambiazos”

En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos, cuyos familiares y herederos comparecerán en su día en “un juicio que promete ser maratoniano”. El periodista de ABC detalla que, en cuanto al dinero, “Funeraria Castellana y Parque El Salvador habrían obtenido, por una parte, 3.600.000 euros -en números redondos- que corresponden con el valor de los ataúdes de 5.973 difuntos; y, por otra parte, hay otros 381.000 que proceden de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas, porque también reutilizaban las coronas”. En total son más de 4 millones de euros, aunque, puntualiza Pablo Muñoz, “no hay constancia de que se hayan beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones, aunque tampoco parece muy lógico”.

En su día, ante el juez de instrucción, los trabajadores “sostuvieron que ellos desconocían esas prácticas, lo cual es difícil de crear, y aseguraron que una sola persona podía dar el cambiazo de los féretros. Por supuesto, aseguraron que esa persona era el denunciante de la trama”. A pesar de esto, hubo discrepancias sobre el papel del dueño de la funeraria, porque algunos aseguraban que en el momento de descubrirse los hechos seguía yendo por allí y daba órdenes, mientras que otros aseguraron que estaba retirado, “aunque esto es lo de menos, porque con su muerte se extingue la responsabilidad penal”.

En el momento en el que se destapó la trama, ingresó en prisión el propietario del negocio, que estuvo allí hasta que depositó una fianza hipotecaria de 800.000 euros; mientras que dos de sus tres hijos, que también llegaron a estar encarcelados, recuperaron igualmente la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente. La mujer y la hija, sin embargo, nunca entraron en la cárcel.