Un juez argentino ha procesado a 19 personas, entre ellas exfuncionarios del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y empresarios, en una causa en la que se investigan sobreprecios y sobornos en la adjudicación a Odebrecht de la construcción de dos plantas potabilizadoras. Según informaron fuentes jurídicas, el procesamiento "por defraudación en perjuicio de la administración pública" alcanzó a, entre otros, el extitular de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) Carlos Ben, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el empresario Aldo Roggio. El juez Sebastián Casanello dispuso además a los encausados embargos de hasta de 790 millones de pesos (35,33 millones de dólares).

En concreto, se investigan los pormenores en torno a la ampliación de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense en Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la empresa estatal AYSA. Para Casanello, se da por acreditado que las contrataciones estuvieron "direccionadas" para que resultaran adjudicatarias en la primera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, José Cartellone e hijos SA y Supercemento SA, y en la segunda, la UTE conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA. El juez entiende que hubo a través de cartelización un reparto irregular de la obra pública, al tiempo que se verificaron "incrementos presupuestarios injustificados" desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA, que incorporaban "obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas".

Además de los procesamientos, Casanello ordenó citar a declarar como investigados a los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht y Antonio Miguel Marques, presidente de Camargo Correa, y a ex altos cargos del Gobierno como el exministro de Planificación Julio De Vido, actualmente en prisión por otra causa y ya procesado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la adjudicación de contratos. La compañía brasileña admitió en diciembre de 2016 haber pagado en Argentina alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos durante el Gobierno de Fernández. En la actualidad, se investiga a la constructora en otros dos expedientes: la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006.