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CRISIS CATALUÑA

Juez prorroga causa del 1-O por su complejidad como máximo hasta febrero 2019

El juez de Barcelona que indaga los preparativos del referéndum del 1-O ha prorrogado la causa por su complejidad, lo que le permite prolongar la investigación hasta febrero de 2019 como máximo, dos años después de la apertura del caso.

  • Agencia EFE

El juez de Barcelona que indaga los preparativos del referéndum del 1-O ha prorrogado la causa por su complejidad, lo que le permite prolongar la investigación hasta febrero de 2019 como máximo, dos años después de la apertura del caso.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha prorrogado otra vez la causa, que se abrió en febrero de 2017 tras las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el Govern disponía de una partida oculta de 400 millones de euros para el referéndum y las estructuras de Estado.

La Fiscalía solicitó en febrero pasado que se prolongara la investigación, transcurridos los seis meses de la primera prórroga, ante los numerosos delitos que se investigan en la causa, entre ellos rebelión, sedición, contra la paz e independencia del Estado, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, desobediencia y malversación de caudales.

También argumentó el ministerio público la gran cantidad de investigados, entre ellos varios altos cargos del Govern, así como la necesidad de examinar la abundante documentación que obra en la causa, cuyo sumario consta ya de más de 22 volúmenes.

"Habida cuenta las numerosas diligencias de instrucción que se prevén necesarias y que el plazo para el cumplimiento de alguna de ellas no depende de este órgano instructor, resulta evidente la insuficiencia de los seis meses que, con carácter general, se establece para la instrucción de las causas", apunta el juez.

Por este motivo, el magistrado ve procedente declarar la causa como compleja y prorrogar la instrucción como máximo, si no se establece una nueva prórroga, hasta febrero de 2019.

A la hora de tomar esta decisión, el juez ha contado con el aval de la Abogacía del Estado, que se posicionó a favor de la petición de la Fiscalía, así como la de los querellantes.

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