Emilio Cortés ha puntualizado que la diferencia entre agresión sexual o violación y abuso sexual reside en los conceptos de intimidación y resistencia de la víctima. Según el catedrático de Derecho Penal “la sentencia parece olvidarse de la intimidación” a pesar de que “el sentido común apunta que intimidación puede ser cinco contra uno”. Por esta razón, no comparte el sentido de la sentencia.

Emilio Cortés mantiene que “los hechos probados son la resultante de todas las prueba del proceso” y quienes las han visto son los magistrados que han conformado el tribunal. A su juicio “sí hubo bloqueo emocional de la víctima” provocado porque “la violencia o intimidación son previas al acto sexual”. “Los hechos probados -asegura- demuestran que hubo resistencia que se vence llevándola a un habitáculo”, lo hacen personas de gran complexión física y que la víctima quedó bloqueada porque se vio superada.

También ha hecho referencia al argumento dado por el juez Ricardo González que ha emitido un voto particular. El magistrado habla de 'ambiente de jolgorio y regocijo' a lo que Cortés responde que el “delito está consumado” y que esa expresión se la podría haber ahorrado por respeto a la víctima. El hilo argumental del juez discrepante será previsiblemente utilizado por la defensa de los procesados para recurrir a instancias judiciales superiores. “Lo inteligente -dice Cortés- es seguir esa traza”.

Miles de personas han abarrotado este jueves las plazas de las principales ciudades españolas en señal de condena y repulsa a la sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Navarra contra el grupo de la manada. Según el fallo los cinco acusados “abusaron”, pero no “agredieron ni violaron” a una joven durante los sanfermines de 2016.

El catedrático de Derecho Penal también se ha referido en 'La Linterna' a las conclusiones finales del fiscal José Perals en el caso de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua en 2016. Para Cortés esa agresión se produjo “porque eran miembros de las FCSE” y en un entorno determinado lo que “obedece al patrón de terrorismo que recoge el Código Penal”. Son de especial importancia “los testimonios de los policías forales (…) porque tienen presunción de veracidad”, mucho más que los familiares o amigos.

Respecto a la difusión del vídeo de seguridad grabado en un centro comercial y en el que se ve a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras sustraer unas cremas Emilio Cortés considera que “la difusión de esas imágenes es un delito”. Y lo es porque según dice la ley las grabaciones de seguridad deben destruirse a los treinta días. “En este proceso -asegura- los tiempos son muy importantes” ya que hasta el supermercado, haciendo caso a la Ley Orgánica de Protección de Datos podría ser responsable.