Representantes de las entidades financieras, Federación de Municipios (FEMP), ONG y los ministros de Economía, Sanidad y Fomento han suscrito  el convenio por el que se pone en marcha el fondo social de viviendas de alquilerpara personas que han sufrido un desalojo de su vivienda habitual.Tras la firma protocolaria, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que las familias desahuciadas tienen derecho a "una segunda oportunidad" para salir adelante y pagar un "precio razonable" por una vivienda.Durante su discurso, Santamaría ha comenzado a emocionarse: “hay familias que merecen todo el esfuerzo de un Gobierno, que las entidades se pongan en su piel”, ha dicho. “La gente que creyó en su país, en su futuro, en sus posibilidades y en su familia, merece que al menos en esta situación de dificultad le reconozcamos que tiene derecho a salir adelante, a una segunda oportunidad, y que esto no es un fracaso, es volver a construir ”, ha continuado la vicepresidenta. “Hay pocas veces en que un Gobierno puede ponerse sentimental, esto puede pasarnos a cualquiera” ha sentenciado la vicepresidenta del Gobierno.El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.