La batalla en defensa del derecho a la vida recibió ayer un duro revés con la absolución de Carlos Morín y de sus colaboradores, para quienes se pedía casi 300 años por decenas de abortos ilegales. La Audiencia de Barcelona se limita a argumentar que se perpetraron con el consentimiento de las mujeres y que no se ha probado que un grupo de empresarios se asociara para cometer una actividad ilícita. Lo que no puede hacer la sentencia es borrar de la memoria las escalofriantes revelaciones expuestas durante la investigación, como las trituradoras que según la acusación servían para deshacerse de los cuerpos. Pero el caso Morín es sobre todo paradigma de la impunidad de los abortorios en España, sin que hasta ahora se hayan castigado este tipo de delitos. El escándalo fue destapado hace casi una década por un diario británico y por la televisión pública danesa, que retrataron a Morín como un empresario sin escrúpulos. Las mujeres firmaban un documento para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas y que habían sido atendidas por un psicólogo, para hacer pasar el aborto por el coladero del supuesto «riesgo psicológico o físico para la madre». La respuesta del Gobierno socialista al caso Morín fue dar carta de legalidad a esas prácticas escandalosas. Por ello, ahora que el Partido Popular se dispone a derogarla ley Aído, es importante tener en cuenta las lecciones que deja el caso Morín. Poco se habrá avanzado mientras quede un resquicio de ambigüedad en la ley que pueda servir de coladero.