El Gobierno de Cataluña ha aprobado un decreto ley que dota de forma transitoria a los ayuntamientos catalanes de instrumentos jurídicos para hacer frente a los efectos de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrasal), que el ejecutivo catalán considera un "despropósito". El nuevo decreto ley ha sido aprobado en un Consejo Ejecutivo más corto de lo habitual -dos horas de duración- y presidido por la vicepresidenta del Gobierno regional, Joana Ortega, ante la ausencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los consejeros Felip Puig y Andreu Mas-Colell, de viaje oficial en EEUU. El consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo autonómico, Francesc Homs, ha justificado en rueda de prensa que se haya aprobado esta medida por la vía urgente del decreto ley, porque la Lrsal supone, a su juicio, un "desmantelamiento efectivo de políticas claves -de los ayuntamientos- para el bienestar" de los ciudadanos. Con la LRSAL ya en vigor, el Consejo Ejecutivo ha decido aprobar este decreto ley que para que la administración local "tenga la cobertura legal necesaria para continuar prestando los servicios que presta" hasta que esté aprobada la ley catalana de gobiernos locales, en trámite en el Parlamento. El decreto ley, elaborado con el consenso de las entidades municipalistas catalanas, permite unificar criterios, evita interpretaciones contradictorias a partir de lecturas de la Lrsal y ofrece garantías del mantenimiento de la autonomía local. Asimismo, el texto define las competencias propias de los entes locales y las que les han sido delegadas, al tiempo que establece en qué supuestos pueden asumir competencias distintas de las propias, evitando duplicidades.