La Fiscalía de Cataluña ha ordenado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña que "requisen urnas" y todo el material del referéndum y que denuncien cualquier "acto" de las autoridades encaminado a organizar el 1-O.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha dado esas directrices a Trapero, así como los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, en el transcurso de una reunión a la que los ha convocado hoy en la sede del ministerio público en Barcelona.

Según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa, a los mandos policiales se les ha recordado que "queda fuera de toda duda la ilegalidad" de cualquier acto dirigido a llevar a cabo el referéndum de independencia, por lo que se les ordena "adoptar las medidas necesarias" para intervenir los "efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal".

Concretamente, la instrucción de la Fiscalía incluye requisar "urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

Asimismo, la Fiscalía ha indicado a los cuerpos policiales que deben "elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno" ante los "actos" encaminados a preparar y celebrar el referéndum que lleven a cabo "autoridades o funcionarios públicos o particulares en connivencia con aquellos".

Ante esas situaciones, añade el ministerio público, la policía judicial "procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes".

El ministerio público ha recordado a los mandos policiales que la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum "hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores" puedan constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, delito que recuerda está penado con hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía mantendrá mañana reuniones similares en sus sedes provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para comunicar las mismas directrices sobre el referéndum a los responsables policiales de cada una de esas demarcaciones.