La vicesecretaria de Organización y Política Municipal, Ana Corredera, ha basado esta petición de comparecencia en las informaciones que apuntan a que UGT confederal podría haberse "embolsado" unos 600.000 euros en la gestión de los ERE y a que el secretario general estaba informado de todo lo que acontecía en la gestión de la organización regional.     Ha confiado en que "en pro de la transparencia" el Gobierno de  PSOE e IU no vete la comparecencia del líder de UGT como hizo al impedir, con su mayoría parlamentaria, que comparecieran los líderes sindicales andaluces Manuel Pastrana, Francisco Fernández y Federico Fresneda.     La dirigente del PP ha explicado que su partido ha optado por pedir la comparecencia de Cándido Méndez ante la "opacidad clamorosa" del Gobierno andaluz y de su presidenta, Susana Díaz, sobre el supuesto fraude en los fondos de formación cometido por UGT-A y que investiga la misma juez encargada del caso de los ERE.     Ha censurado el "silencio" de Susana Díaz ante este presunto caso de corrupción al no haber pronunciado una "palabra de crítica sobre el fraude" en los fondos públicos de formación y por haberse "parapetado" en una investigación de los servicios jurídicos de la Junta.     Ana María Corredera ha sostenido que la personación de la Junta en la causa judicial abierta contra UGT por el supuesto desvío de los fondos de formación hacia otros fines es una "decisión política que está obligada a tomar" y le ha exigido que "no tome a los servicios jurídicos como escudo ante su cobardía política", en alusión al informe que está elaborando sobre los expedientes abiertos a UGT y que hasta ahora elevan el fraude a 1,8 millones.     El Gobierno andaluz "está obligado a personarse en esa causa para defender el dinero de los andaluces", ha apostillado la dirigente popular, quien le ha reprochado al Ejecutivo andaluz su interés en "actuar más como defensa que como acusación".     Con el "silencio" sobre el presunto fraude cometido por UGT y que desembocó el pasado viernes en la dimisión de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, la presidenta demuestra que "le tiembla el pulso y la voz a la hora de limpiar la corrupción", a pesar de su "palabrería" de lucha contra esta lacra, según Corredera.     Igualmente, ha censurado el papel de Izquierda Unida en este caso por "preferir seguir de convidado de piedra antes de abanderar la lucha contra la corrupción".     Asimismo, el Partido Popular presentará en el pleno del Parlamento de la próxima semana una proposición no de ley para pedir una auditoría del uso de las transferencias de financiación a las distintas consejerías a favor de sus entes instrumentales.     Esta petición la hace el PP a raíz de la causa judicial del uso de las transferencias de financiación de la empresa de capital riesgo de la Junta Invercaria a nueve empresas para investigar a petición de la fiscalía anticorrupción posibles delitos de prevaricación y malversación en el uso de las transferencias de financiación, que fue el mismo mecanismo usada en el caso de los ERE para pagar las ayudas a empresas y a trabajadores.