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El Comité de Bioética del Gobierno pide que se prohíba los vientres de alquiler

Considera que "todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer" y "un daño a los intereses superiores del menor"

  | Carmen Labayen. Jefa de Sociedad de COPE

El Comité de Bioética de España (CBE) que asesora al Gobierno sobre materias relacionadas con la ética y la salud, pide prohibir los vientres de alquiler, al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.

Para garantizar la dignidad de la mujer y de los niños se posicionan en contra de los vientres de alquiler, una práctica que consideran disruptiva y que subrayan al conjunto de la sociedad.

Este órgano asesor del Gobierno en cuestiones biomédicas llama al Ejecutivo a promover en el ámbito internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de vientres de alquiler. 

También aboga por dotar de verdadera eficacia legal la nulidad de los contratos firmados en el extranjero y contempla la posibilidad de sancionar a las agencias dedicadas al negocio de los vientres de alquiler al tiempo que defiende asegurar una transición segura que evite que queden desprotegidos los bebés resultantes de procesos de subrogación internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles.

El negocio de los llamados vientres de alquiler está prohibido en España pero por iniciativa propia este organismo decidió por unanimidad abordar la cuestión en su reunión del pasado día 8. Lo hacen tanto por la proliferación de famosos que han recurrido a este medio para ser padres, como ante el debate suscitado por partidos como Ciudadanos que prepara una proposición de Ley sobre la posible legalización de de esta práctica en nuestro país.

El CBE se encarga de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud.

También establece los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica y la de representar a España en los foros y organismos supranacionales e internacionales implicados en la bioética.

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