El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha felicitado este viernes por el avance de dos "reivindicaciones históricas" de la ciudad en el ámbito judicial como son las obras de la futura Ciudad de la Justicia Rafael Altamira en los barrios de Benalúa, Princesa Mercedes y Alipark y la creación en Alicante de sedes desplazadas de lo contencioso administrativo y lo social del Tribunal Superior de la Comunidad, anunciada por la consellera Elisa Núñez.

El primer edil y la titular autonómica de Justicia e Interior han visitadolas obras del nuevo Palacio de Justicia de Alicante, que suponen la mayor inversión en infraestructuras judiciales de la Comunidad Valenciana con un coste de 85 millones de euros y la previsión de que esté plenamente operativo a finales de 2026.

El edificio que se está construyendo desde febrero de 2023 junto a la avenida de Aguilera, enfrente del actual Palacio de Justicia, contará con siete plantas de altura, dos sótanos, semisótano y aparcamiento, repartidos sobre un total de 47.000 metros cuadrados sobre una parcela de 5.500 metros cuadrados.

La futura Ciudad de la Justicia Rafael Altamira albergará la mayoría de los órganos judiciales de Alicante, en una reunificación que permitirá mejorar la calidad de la prestación de la Justicia para las 400.000 personas que forman parte de este partido judicial.

Acercamiento de la justicia a los ciudadanos

Al mismo tiempo, el alcalde ha subrayado la "fantástica noticia" del anuncio de la consellera de Justicia para impulsar la creación en Alicante de salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia.

"Supone un gran ahorro en costes de traslados y de horas de trabajo, al tiempo que propician el acercamiento de la justicia a los ciudadanos alicantinos", ha añadido. Según Barcala, "son motivos que justifican más que de sobra esta decisión de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que agradecemos y a la que nos sumamos reclamando su ejecución por el Gobierno de España para que no se genere un nuevo agravio con Alicante como viene ocurriendo en los últimos años con los gobiernos de Pedro Sánchez”.

La consellera de Justicia ha explicado que el Ejecutivo autonómico trasladará ahora a los grupos de las Cortes Valencianas esta propuesta de creación de las salas desplazadas de lo social y lo contencioso administrativo para que soliciten al Gobierno central la necesaria modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que autorice la descentralización de estas dos jurisdicciones que ya está en vigor en otras comunidades autónomas como Andalucía, Galicia y Castilla-León.

"Satisfacemos así una reivindicación histórica de los operadores jurídicos de la provincia de Alicante", ha indicado Elisa Núñez, "a la vez que vertebramos la Comunidad y España a través de sus provincias y cumplimos el principio democrático esencial de acercar la justicia a los ciudadanos, mejorar los tiempos de respuesta y reducir la carga de trabajo en la sede central del TSJ en Valencia".