Los comerciantes se sienten muy desilusionados por todo lo que está sucediendo. Cada medida que se implanta en la capital es peor a la anterior y todas afectan siempre a los mismos, al pequeño comercio.

Se sienten indefensos y ven como poco a poco ya no disponen ni de ayudas para mantener sus negocios a flote. La instalación de la zona de bajas emisiones en la capital supondría una estocada más a un sector que desde la pandemia no ha parado de pasarlo mal. Subida del precio de la luz, del agua, del gas, de las materias primas e incluso del alquiler de sus propios negocios están haciendo que cada día estén más ahogados.

Los comerciantes critican la actitud del ayuntamiento de Santander, quien no solo no les ayuda, sino que además toma decisiones que les perjudican. Algunos aseguran que ya no tienen ninguna ilusión “Estoy ya muy cansada. Está como está el centro, el pequeño comercio somos dinosaurios, lo único que va a quedar en Santander son grandes superficies y hostelería, que den licencias para terrazas en todos los sitios y ya está”.

Otros, tienen claro que “Es una zancadilla más en el camino, y ya es un poco indiferente, nos toca luchar solos y pensar que cuando uno abre la puerta está en solitario y que no nos va a ayudar nadie. De hecho vamos a desaparecer todos.»

Los comerciantes no entienden por qué cuando se toma una decisión no se adopta también una alternativa. Por ejemplo, con la zona de bajas emisiones lo tienen claro “Tú no puedes decir a la gente que se acerque al centro sin coche sin poner un aparcamiento alternativo. El ciudadano necesita que se lo pongas fácil y no le compliques su día a día»

En lo que todos los comerciantes coinciden es en que si todo continúa como hasta ahora, el pequeño comercio desaparecerá.

Que es la zona de bajas emisiones

Una ZBE es un área delimitada por una administración pública que restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Esta mejora se pretende conseguir a través de la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos, para lo cual se delimitan las ZBE dentro del municipio.

De igual modo, con la introducción de las ZBE, las administraciones pretenden crear espacios más seguros, habitables e inclusivos desde el punto de vista social.

Por lo general, las Zonas de Bajas Emisiones restringen el acceso de los vehículos más contaminantes, para lo cual suelen recurrir a las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Esta medida no es pionera en España, pues ya son cientos de ciudades en más de 10 países europeos las que han implantado las ZBE.

Criterios para crear una zona de bajas emisiones

Todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben crear Zonas de Bajas Emisiones. Igualmente, los territorios insulares y los municipios con más de 20.000 habitantes, que incumplan los criterios de calidad del aire, están obligados a ello.

Esto, en la práctica, afectará a al menos 149 ciudades españolas, que entre todas ellas abarcan aproximadamente el 53 % de la población total. Ciudades como Madrid y Barcelona ya han implantado Zonas de Bajas Emisiones, siendo Madrid 360 la más relevante.

Cómo es la señal que indica dónde empieza una ZBE

Todos los accesos a una Zona de Bajas Emisiones deben estar señalizados para que el conductor sepa si tiene permitido el mismo con su vehículo. La señal comprende dos elementos: una señal de prohibido con un vehículo contaminantes en el interior, y un panel rectangular informativo que indica las excepciones aplicables a la prohibición.

Estas excepciones están definidas por los ayuntamientos de cada localidad y pueden comprender desde determinadas etiquetas medioambientales de la DGT hasta horarios limitados de acceso.

Cuál es la multa por acceder a una ZBE

Al igual que en el caso de las restricciones, la cuantía de la multa a pagar en caso de ingresar en una Zona de Bajas Emisiones sin permiso va a depender de cada Ayuntamiento.

Por ejemplo, en las ZBE de Madrid la multa es de 90 euros, mientras que en Barcelona parte de los 100 euros y puede aumentar en función de la gravedad de la infracción