El desafío separatista que los dirigentes de la Generalitat han emprendido de forma suicida y arrogándose la representación del conjunto de los catalanes, ha tenido su último episodio en el acto celebrado ayer en la sede del Ayuntamiento de Madrid. El Presidente Puigdemont ya ha demostrado en numerosas ocasiones, su escaso respeto por las instituciones del Estado. Por eso resulta vergonzoso que la alcaldesa de la capital de España avale su desafío a las leyes con la cesión de la sede de la que es la casa de todos los madrileños. No es sorpresa que los miembros de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, mientras hablan de regeneración y de nueva política, apoyen sin pudor a quienes presumen de poner en jaque el orden constitucional, y a quienes tienen en su propio partido una auténtica ciénaga de corrupción. Por si fuera poco, en el día de ayer conocimos la existencia de una especie de Ley de excepción, con aroma totalitario, que ha elaborado la Generalitat para proclamar la República catalana si fracasara la vía del referéndum. La respuesta está precisamente en la Ley y en una adecuada pedagogía que, con serenidad, ponga verdad donde hay repetición de la mentira. Todo lo contrario de lo que hacen los que avalan el uso de las instituciones para estirar el delirante proceso y seguir saliendo en la foto.