A medida que pasan las horas se incrementa la tensión política y social en Cataluña. La operación de la Guardia Civil, por orden judicial, para requisar el material del primero de octubre, la detención de varios responsables de la Generalitat encargados de la consulta, y el registro de la sede de la CUP, son algunos datos de la lógica aplicación de las decisiones judiciales que tienden a restablecer el orden brutalmente quebrado por los independentistas. Mientras, en el Congreso se eleva el tono de la bronca y se agudiza la política espectáculo: los representantes de PdCat y Esquerra abandonan el hemiciclo y Gabriel Rufián pide a Rajoy que “saque sus sucias manos de Cataluña”, entregándose así a una demagogia patética que refleja la vaciedad de su discurso.

Puigdemont ha denunciado que la autonomía de Cataluña está suspendida, y que allí se vive un estado de excepción, pero él sabe perfectamente que eso es mentira. Lo que está sucediendo es sencillamente la obligatoria defensa del orden constitucional que nos protege a todos, también a los catalanes y a sus instituciones. Pedro Sánchez puede seguir atrapado en su calculada ambigüedad, pero el Gobierno tiene que ser consecuente con su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley, y la libertad y seguridad para todos.

La movilización en la calle, alentada por Puigdemont y la CUP, estaba escrita en el guión de esta farsa, aunque puede traer nefastas consecuencias. Los independentistas estaban advertidos desde el primer momento, han perdido los papeles y la calma. Es hora de que renuncien a su pretensión de hacer el referéndum y abandonen este frentismo suicida.