La comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, ha ratificado la voluntad expresa del Gobierno de frenar en seco el ataque desleal contra la convivencia y la Constitución perpetrado por el Gobierno de la Generalitat. En su discurso ha desmantelado las principales falacias y mentiras con las que Puigdemont ha adornado su declaración de independencia, y ha dejado bien claro que la respuesta del Estado ha sido y será ajustada a derecho, proporcionada e integral. La puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución es una oportunidad más para que el gobierno de Cataluña dé un paso atrás y vuelva a la legalidad.

El presidente del Gobierno ha insistido en que no puede haber mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia y la ilegalidad. Una idea ratificada por el Partido Socialista, al afirmar que no puede haber más mediadores que los representantes de la soberanía popular. La sesión parlamentaria ha sido un ejemplo de que en la democracia sustentada por Constitución se puede hablar de todo, incluso de una posible reforma de la Carta Magna que los socialistas han solicitado emprender en un momento posterior. Pero el diálogo nunca puede ser un atajo que promueva la ilegalidad. Mariano Rajoy, en un discurso de Estado, ha abierto una puerta a la esperanza y a la necesaria recuperación de la concordia y la paz social, un deseo de todos los demócratas. No va a ser fácil, pero cuenta para ello con el contundente apoyo de la amplia mayoría constitucionalista en las Cortes.