Los agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) han indicado ante un juez de instrucción que las anomalías detectadas sobre las emisiones de la planta pueden suponer un riesgo para la salud de los vecinos.

Los policías han ratificado esta mañana ante el juzgado de instrucción número 5 de Badalona (Barcelona) el informe elaborado tras su entrada a la incineradora de Tersa en 2023, en el que recogieron anomalías en las temperaturas y el riesgo sanitario que suponían las emisiones, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

El titular del juzgado de Badalona investiga si la empresa pública Tersa, que gestiona la incineradora de Sant Adrià de Besòs, cometió prácticas contrarias a la normativa ambiental, con riesgo grave para la salud y para el medioambiente.

El origen de la investigación judicial es una denuncia a Tersa por, presuntamente, quemar residuos sin el control de la temperatura con base en la normativa.

Esta incineración de residuos sin control habría comportado, supuestamente, la emisión de compuestos contaminantes, potencialmente cancerígenos, con afectación esencialmente en los barrios de Diagonal Mar y Besòs de Barcelona, y en la localidad de Sant Adrià de Besòs.

Fue la coordinadora metropolitana Airenet la que en abril de 2018 llevó ante la Fiscalía que la incineradora de Sant Adrià podría estar funcionando con prácticas irregulares, ante lo que el ministerio público abrió una investigación en mayo de ese año, que desembocó posteriormente en la denuncia.

Tersa es una empresa 100 % pública, propiedad de Barcelona Serveis Municipals (BSM) al 58,6 % y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) al 41,4 % restante.

Los dos principales investigados de la causa son el exconcejal de Emergencia Climática en el Ayuntamiento de Barcelona, expresidente de la empresa y actual diputado de Sumar en el Congreso, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica F.R.G.

Los guardia civiles han ratificado el informe desarrollado tras la entrada en la planta incineradora de Sant Adrià de Besòs en 2023, que indicaba anomalías en las temperaturas de los trabajos y que las emisiones de la planta podían suponer un grave riesgo para la salud de los vecinos y para el medioambiente.

De hecho, el Instituto Armado pone en duda los datos de los niveles de calor a tiempo real sobre la incineración de los desechos entre los años 2017 y 2022, y que la empresa responsable de la planta de residuos de Sant Adrià había trasladado a la Generalitat.

Además, los agentes han afirmado que, durante la entrada y registro, Tersa no quiso facilitar los datos de las mediciones de los termopares, que indican la temperatura real de los trabajos de cremación de los residuos, para determinar si era o no la correcta.

Tersa presuntamente emitió un exceso de contaminantes a la atmósfera con la quema reiterada de basuras a una temperatura inferior a los 850 grados centígrados, que es la apta para la descomposición de los desperdicios y que minimiza el daño a la atmósfera.

Además de los agentes de la Guardia Civil que han ratificado el informe, han testificado este jueves la directora de Calidad Ambiental de la Generalitat, Mireia Boya, y otra técnica de la misma dirección general, que han afirmado que la Generalitat no tiene la capacidad para supervisar los datos de la incineradora.

Según las citadas fuentes, Boya también ha indicado no tener constancia de que funcionarios designados para asistir a la entrada y registro desarrollado por la Benemérita en la planta le comunicaran que Tersa se había opuesto a entregar la información requerida relativa a la temperatura.