La Audiencia de Barcelona ha suspendido el juicio a un sargento de los Mossos d'Esquadra acusado de consultar con su clave de acceso las fichas policiales de dos okupas que vivían debajo de su casa en El Masnou (Barcelona), porque en la causa falta un documento para decidir si se anula una prueba clave.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha acordado este jueves suspender el juicio hasta el próximo 5 de julio para pedir el expediente disciplinario interno que los Mossos abrieron al agente, ya que para la sala es un elemento "importante" para resolver si, como ha solicitado la defensa, anula las dos auditorías que certificaron que el agente accedió a los datos policiales.

La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel al sargento, al que acusa de acceder sin justificación en 2020 a la base de datos de los Mossos, donde hizo 231 consultas sobre las fichas policiales y la situación penitenciaria de sus vecinos okupas, para enviar cartas al Ayuntamiento de El Masnou y al alcalde detallando sus antecedentes y quejándose por las molestias que causaban al vecindario.

Paralelamente, también envió un oficio a la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat (DGAIA), en el que detallaba los datos y antecedentes de la pareja, alertando de que la hija menor de la mujer que okupaba la vivienda de debajo de la suya se encontraba en situación de desamparo.

Según la Fiscalía, el agente -que ya fue sancionado por un expediente administrativo de los Mossos pero que actualmente sigue ejerciendo- incurrió en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por los que le pide tres años y nueve meses de cárcel y siete de inhabilitación.

El fiscal considera que el agente, adscrito a la unidad de seguridad del transporte metropolitano de Barcelona, no estaba capacitado para rastrear a sus vecinos okupas, ya que correspondería hacerlo a la comisaría del territorio.

En el trámite de cuestiones previas, la defensa del sargento ha pedido la nulidad de las dos auditorías que constataron que el agente había accedido a la base de datos policial, al considerar que se hicieron sin base, ya que entiende que el expediente disciplinario interno no daba pie a investigar esta cuestión.

En concreto, la defensa sostiene que el expediente disciplinario planteaba hacer una auditoría para confirmar si lo que afirmaba el agente sobre los dos okupas y la situación de la menor en su oficio a la DGAIA era cierto y no si había accedido a la base de datos.

De hecho, la defensa no solo no niega que el agente accedió a los datos de sus vecinos okupas para hacer el oficio para la DGAIA, sino que alega que fue autorizada por sus superiores.

En este sentido, la defensa ha remarcado que el superior directo del sargento encausado y un responsable del área policial avalaron durante la instrucción que le autorizaron a elaborar el oficio para la DGAIA y que ello implícitamente suponía darle permiso para buscar en la base de datos.

Y sobre las cartas que remitió al Ayuntamiento de El Masnou, la defensa esgrime que el agente las hizo a título personal y en el marco de su libertad de participación política y de expresión.

Ante esta situación, la Fiscalía ha pedido al tribunal la suspensión del juicio para que la sala pueda acceder al expediente disciplinario a partir del cual se elaboraron las auditorías que dieron pie al proceso judicial, ya que no consta en el sumario. EFE.

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