Se cumple un año del inicio de las primeras movilizaciones del taxi que paralizaron las principales ciudades de nuestro país, especialmente en Madrid y Barcelona. El inicio de unas protestas con las que el sector del taxi exigía una regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), protestas que irían subiendo de tono a lo largo del año y que dañarían fuertemente tanto la imagen del sector como su economía.

Las movilizaciones de los profesionales del taxi dejaron imágenes insólitas como la de miles de taxis de la capital acampados en pleno Paseo de la Castellana, agresiones contra vehículos de compañías VTC y disputas contra la Policía que han dañado fuertemente la imagen del sector.

Las protestas consiguieron que el Gobierno Central delegase la ley que regula la actividad de las VTC a las comunidades autónomas. Medida que provocó grandes cambios en Barcelona tras la aceptación de la Generalitat de gran parte de las exigencias del sector del Taxi. Una aceptación que propició el anunció de las compañías Uber y Cabify a dejar de operar en la ciudad condal, algo que finalmente no se llegó a efectuar tras las negociaciones entre Generalitat y ambas multinacionales, que vieron como el número de vehículos de alquiler con conductor se tuvo que reducir en 350. Situación similar que se han vivido las VTC en Valencia con las exigencias del gobierno local sobre el recorrido mínimo y el tiempo de mínimo de precontratación fijado en los 15 minutos.

Un pulso que no pudieron ganar los taxistas de la capital, que han visto como las VTC no solo no se han reducido sino que se han multiplicado por tres y que ya absorben parte del taxi. Los taxis de Madrid estiman que en el último año han perdido un 30% de los clientes y piden ser indemnizados por la pérdida de servicios. El sector continúa en la capital a la espera de la regulación que considera que debería estar regulado por el Gobierno Central y no por las CC.AA tal y como se encuentra estipulado.