La COVID-19 deja tras de sí muchas consecuencias más allá de las sanitarias, como son familias vulnerables que no reciben ningún tipo de ayuda de los poderes públicos y administraciones. Desde el punto de vista económico muchas familias españolas están viviendo profundas crisis a las que deben enfrentarse sin medios, sin apoyo y sin ayuda. Se augura que, además, en los próximos meses, otras tantas miles de familias van a acabar en la misma situación de desamparo.

‘El Cascabel’ conoce de primera mano una de estas historias junto a Maite Badenes, desahuciada de su casa con dos hijas menores, 8 y 12 años, y su madre, de la que también se ocupa.

La historia se remonta al préstamo hipotecario que pidieron para montar un bar, negocio que quedó completamente paralizado por violencia de género, y que les impedía hacer frente a este préstamo que, a su vez, denuncia Maite contenía cláusulas abusivas. “El banco me envío un burofax en el que tenía que pagar 1900€ en dos días, y si no era así nos echaban a la calle”.

Maite no solo ha luchado por seguir su vida tras sufrir malos trattos, sino que también ha peleado hasta el final en los juzgados por conservar su casa: “Tras varios años, en 2019 subastaron mi vivienda y se la adjudicaron a 3 empresas. No me dieron opciones, ni alternativa habitacional, incluso me ofrecí a pagar un alquiler, pero nadie me ayudó. El Ayuntamiento de Fuenlabrada me instó a que me fuera a vivir a Toledo donde la base es más barata”.

Mujer emprendedora, víctima de violencia de género, con dos niñas menores de edad, y desahuciada. Esta es la realidad de Maite, sin conseguir llegar a ningún acuerdo con el prestamista tras 4 años de lucha, y que ha tenido que irse a vivir finalmente a Toledo con 800 euros al mes, tras pedir ayuda a los poderes público y no recibir respuesta alguna por su parte.