El limbo de 500.000 migrantes: el Gobierno frena su regularización pese a la necesidad económica de España
Una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y la gran mayoría del Congreso se encuentra paralizada por la falta de acuerdo político
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Una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de entre 500.000 y 700.000 personas migrantes se encuentra en un punto muerto a pesar del masivo apoyo social y político que recibió inicialmente. La propuesta, que logró reunir más de 700.000 firmas y fue admitida a trámite por la práctica totalidad del Congreso, permanece estancada en la Comisión de Migraciones sin avances significativos.
Jorge Serrano, coordinador de la ILP, ha explicado la situación en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, donde ha subrayado la importancia del momento actual. "Se juegan mucho 500.000 personas en situación irregular, se juega mucho la Iglesia, que está empujando esto desde el primer momento, y se juega mucho el país", ha afirmado Serrano, destacando el amplio consenso que generó el texto legal entre casi mil organizaciones de todo el espectro ideológico.
Un laberinto de negociaciones
El principal obstáculo para la aprobación de la ILP es el bloqueo en las negociaciones parlamentarias. Aunque Sumar ha exigido al PSOE la aprobación de la medida mediante un real decreto, el Gobierno lo ha descartado, insistiendo en la necesidad de un acuerdo parlamentario por temor a la reacción de Europa. A este escenario se suma la postura de Junts, que condiciona su apoyo al traspaso de competencias en materia de migraciones a la Generalitat de Cataluña, una exigencia que no cuenta con el respaldo de otros grupos. Por su parte, el Partido Popular ha manifestado no estar de acuerdo "con una regularización masiva sin condiciones".
Según Serrano, la justificación del Ejecutivo para el retraso es que "no hay consenso". Aunque lo hubo para iniciar el trámite parlamentario, ahora no se logra un acuerdo sobre el contenido final del texto, lo que mantiene la iniciativa en una vía muerta a la espera de un improbable acuerdo entre los diferentes grupos.
Trabajar sin derechos
El coordinador de la ILP ha querido poner el foco en la situación de las personas afectadas, que no son recién llegadas, sino que llevan años viviendo y trabajando en España. Se trata de trabajadores que, según ha descrito, están "recogiendo nuestros tomates, nuestros calabacines, nuestras fresas, en los huertos de Almería, de Murcia, de Huelva", además de trabajar en la construcción, la hostelería o el cuidado de niños y mayores.
Assane Camara es uno de los 68 migrantes llegados el pasado verano a la localidad lucense de Becerreá
Serrano ha denunciado la extrema vulnerabilidad de estos trabajadores, que operan en una economía sumergida sin los derechos más básicos. "No tienes derecho a indemnización en caso de despido, no tienes derecho a pagas extras, no tienes una regularización de las horas que trabajas, no estás cotizando a la seguridad social, no tienes derecho a la huelga", ha lamentado, planteando una pregunta directa: "¿A eso cómo le llamamos?".
Un impulso necesario para la economía
A pesar del bloqueo, Serrano se ha mostrado convencido de que la regularización saldrá adelante porque es "de puro sentido común". El argumento trasciende la cuestión humanitaria y se adentra de lleno en la necesidad económica y demográfica de España.
Para sostener su afirmación, ha citado informes y titulares de medios como El Economista, El Mundo o La Vanguardia, así como de instituciones clave como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Todos coinciden en que España necesita millones de inmigrantes en las próximas décadas para evitar un colapso laboral y mantener el sistema de pensiones y la prosperidad económica.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.