Gómez de Liaño califica la sentencia sobre la amnistía como “voluntarista y de pésimo razonamiento jurídico”

En su intervención en el programa El Cascabel, Gómez de Liaño mostró su profunda preocupación por la decisión adoptada por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional respecto a la ley de amnistía, recientemente aprobada. “Es una sentencia hecha más para prestar servicios que para hacer justicia”, afirmó. El jurista destacó que su análisis se basa en la nota de prensa difundida por el gabinete del presidente del tribunal y en la ponencia filtrada previamente, al no haberse publicado todavía la sentencia íntegra.

Para Gómez de Liaño, los fundamentos esgrimidos por el Constitucional no resisten un análisis riguroso. “Los argumentos en los que bascula la sentencia son de un pésimo razonamiento jurídico”, apuntó. En su opinión, se ha invertido el proceso lógico de la justicia: “Primero se pone el fallo y luego se buscan los fundamentos”, recurriendo, además, a conceptos “desfasados”, como el “uso alternativo del derecho”.

“Es arbitraria y voluntarista”

El exjuez fue más allá al calificar la sentencia como “arbitraria” y “voluntarista”, apoyándose en la propia jurisprudencia del Constitucional que, según recordó, considera una resolución arbitraria cuando “carece de razón y de sentido”.

En este sentido, Gómez de Liaño lamentó que la resolución se haya dictado para favorecer al Gobierno de Pedro Sánchez, quien promovió la ley de amnistía para consolidar su mayoría parlamentaria. “Está favoreciendo la política desarrollada por el presidente del Gobierno”, declaró. Una afirmación que refuerza con la crítica del expresidente del Gobierno Felipe González, quien calificó la sentencia como “bazofia”, “aberración jurídica” y un ejemplo de “corrupción en el Tribunal Constitucional”.

Gómez de Liaño no dudó en compartir esas valoraciones. “Lo más triste es que algunos magistrados se hayan prestado a esta fechoría jurídica”, lamentó, reconociendo la capacidad profesional de algunos, pero apuntando directamente al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Recordó que el periodista Bieito Rubido le llamó “jurista menguante” y se preguntó: “¿Hasta dónde piensa llegar don Cándido?”.

“Estamos celebrando mal el 45 aniversario del Tribunal Constitucional”

En el plano institucional, Gómez de Liaño mostró su inquietud por el deterioro de la imagen del propio Tribunal Constitucional. En su opinión, esta sentencia ensombrece su 45 aniversario y marca uno de los momentos más oscuros desde su fundación en 1979. También denunció irregularidades procesales previas a la sentencia, como la exclusión del magistrado Enrique Arnaldo sin permitirle defender su imparcialidad.

Además, destacó el gesto del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, quien se abstuvo por haber participado en la tramitación de la ley, y señaló que Conde-Pumpido debería haber seguido el mismo camino. “En el mundo del derecho, las apariencias son muy importantes”, explicó, subrayando que el presidente del tribunal es lo que se denomina “un juez sospechoso”, un término técnico que alude a su imparcialidad cuestionada por sus vínculos políticos.

Sobre el futuro de Conde-Pumpido, Gómez de Liaño recordó que su mandato expira en enero de 2026, pero advirtió que su salida no será sencilla, ya que su sustituto debe ser designado por el Senado con una mayoría de tres quintos, un umbral difícil de alcanzar en el actual escenario político.

“El Tribunal Constitucional está en el peor momento de su historia”, concluyó Gómez de Liaño, quien abogó por una reforma profunda que devuelva la independencia y la credibilidad a la institución que vela por la constitucionalidad en España.