¿Debe implicarse el gobierno en la gestión de los incendios?

España se encuentra inmersa en una grave crisis forestal que ha encendido el debate sobre el papel del Gobierno en la gestión de incendios forestales. Desde diversas aristas, medios y voces críticas ponen sobre la mesa la urgente necesidad de revisar los enfoques instituidos hasta ahora para afrontar un escenario cada vez más extremo.

La intensa ola de calor que ha azotado el país durante julio y agosto, con temperaturas, vientos y sequedad extremas, ha multiplicado el riesgo de incendios, convirtiéndolos en fenómenos virulentos y prácticamente imparables. En respuesta, el ministro Félix Bolaños ha afirmado que el Gobierno ha desplegado todos los medios materiales y humanos para contener los fuegos, y ha reclamado a la ciudadanía seguir estrictamente las recomendaciones, al tiempo que responsabilizó al cambio climático de agravar la situación.

Pese a estas declaraciones, la centralidad del debate recae en la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. El Ministerio del Interior activó el nivel 1 del Plan Estatal General de Emergencias, permitiendo la declaración de “preemergencia”, lo cual implica que las autonomías mantengan el control operativo sin intervención directa del Gobierno central. Esta decisión ha avivado cuestionamientos acerca de si resulta adecuada o si, por el contrario, la situación demanda una coordinación más directa y contundente.

Podemos cree que el Gobierno de Pedro Sánchez debería "implicarse más" en la situación de incendios forestales simultáneos que está viviendo España teniendo en cuenta que "hay comunidades sobrepasadas" y ha defendido la urgencia de aprobar una ley estatal que sea "un paraguas" para todo el país.

Con incendios forestales en siete comunidades autónomas, el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en una entrevista en Cuatro en elaborar una ley estatal que "unifique de una vez los criterios mínimos" en materia de incendios forestales.

Si bien se ha mostrado partidario en las circunstancias actuales de una mayor intervención del Ejecutivo, ha dejado claro que las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas y ha cargado especialmente contra las gobernadas por el PP, acusándolas de estar desmantelando los operativos de extinción y prevención de incendios.

Ha denunciado también que en estos territorios se está condenando a los bomberos a unas condiciones laborales y salariales que no son dignas, ya que se están "jugando la vida" por unos 1.200 o 1.300 euros mensuales y solo les contratan cuatro meses al año.