¿Cree que el Gobierno está alejando a España de las democracias occidentales?

En los últimos meses, el debate político en España se ha intensificado en torno a una pregunta que preocupa tanto dentro como fuera del país: ¿está el actual Gobierno alejando a España de los estándares democráticos occidentales?

La cuestión no es nueva, pero ha cobrado especial relevancia tras varias decisiones polémicas tomadas por el Ejecutivo. Algunos sectores acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de erosionar el equilibrio de poderes, mientras que desde La Moncloa se defiende la legalidad y legitimidad de todas sus actuaciones.

Uno de los temas que ha generado más controversia es la propuesta de reforma del Poder Judicial, que busca cambiar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para la oposición y numerosas asociaciones de jueces, este movimiento podría poner en riesgo la independencia judicial, un pilar esencial en cualquier democracia. Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que la medida responde a una necesidad de desbloquear una situación insostenible tras años de falta de renovación en el órgano.

También ha despertado inquietud la aprobación de leyes con una tramitación parlamentaria exprés, lo que ha llevado a voces críticas a denunciar una falta de debate y transparencia en el proceso legislativo. Estas prácticas, aunque legales, son vistas por algunos analistas como señales de un estilo de gobernar que, aunque eficaz, puede poner a prueba los límites del sistema democrático.

Por otro lado, la política exterior del Ejecutivo ha generado cierta preocupación entre los socios tradicionales de España. El reciente acercamiento diplomático a países con regímenes menos democráticos ha levantado sospechas sobre un posible cambio de rumbo en la alineación internacional del país. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores defiende que se trata de una política pragmática, enfocada en los intereses económicos y geopolíticos de España.

A pesar de estas críticas, muchos expertos coinciden en que España sigue siendo una democracia sólida, con instituciones que, aunque perfectibles, siguen funcionando dentro del marco constitucional. Además, organismos internacionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa no han emitido alertas formales sobre una deriva autoritaria, aunque sí han expresado cierta preocupación por el tono de la confrontación política.

La percepción de un posible alejamiento de los valores democráticos occidentales no es unánime ni está exenta de matices. Para una parte de la ciudadanía, las decisiones del Gobierno reflejan una agenda progresista legítima; para otra, suponen un riesgo de polarización institucional y deterioro democrático.