La rebelión de los alcaldes ante la confiscación de sus ahorros

El pasado 4 de agosto el Gobierno de Sánchez abría un nuevo frente en la gestión de su Gobierno tras el acuerdo entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del que nacía el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácterextraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

¿Qué significa este real decreto? La confiscalidad de los remanentes de los ayuntamientos para, según Sánchez, paliar los efectos de la COVID-19. La devolución de estos ahorros serían devueltos en 15 años pero, ¿qué pasa con las necesidades actuales e inminentes de los municipios? ¿Tiene derecho el Gobierno a incautar estos ahorros que han ido reuniendo los alcaldes para hacer frente a todos sus planes repetando la Ley de Estabilidad, que consagrael principio de «máxima austeridad», aprobada en 2012?