El congreso de los diputados ha aceptado tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a los 500.000 migrantes que viven y trabajan en España. Ya en 2020 se modificó la Ley de Extranjería para que las personas que llevasen más de dos años en esta situación obtuviesen el permiso de residencia si se comprometían a realizar un trabajo de formación. Sin embargo, esta medida no ha tenido éxito.

Carlota García, abogada de la organización Murcia Acoge, explica que el fallo en esta fórmula está precisamente en esa formación, que impide que puedan tener un permiso de trabajo simultáneamente. Esto supone un problema tanto para los empresarios, que no les pueden contratar, como para las personas migrantes, que no obtienen ingresos durante estos meses. A esto se suma el número limitado de plazas para acceder a este tipo de formación: “Hay una demanda tan grande que la mayoría no están entrando en los cursos”.

Otra barrera es el idioma, García asegura que incluso las personas que pagan hasta 2000 euros por realizar cursos privados, ante la falta de oferta de los públicos, no tienen la capacidad de aprobarlos porque no tienen las aptitudes lingüísticas necesarias. Además, en el caso de terminar el curso, tienen un plazo de unos meses para encontrar un contrato, hasta que se cumpla el año desde el comienzo de la formación. Si no lo logran, pierden la certificación y por tanto la posibilidad de regularizar su situación en España.

¿Por dónde pasa la solución? Para García lo primero es habilitar la posibilidad de trabajar mientras se realiza la formación. También es necesario, dice, reducir el tiempo de tramitación de las solicitudes: “Necesitamos que se resuelvan mucho antes”.