"Los fiscales antidroga creen que hace falta equiparar la lucha contra la droga a la lucha contra el terrorismo"
Pilar García Muñiz analiza la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que se vulneró el derecho a la defensa de los detenidos por participar en una macrored de narcotráfico.
- 3 min lectura
La Audiencia Nacional ha liberado en las últimas semanas a 24 personas imputadas por participar en una macrored de narcotráfico. Hace algo más de un año, en enero de 2025, las fuerzas de seguridad cerraban con éxito una operación que permitía desarticular una red de narcos que introducía en España una gran cantidad de hachís de Marruecos.
La operación permitió el descubrimiento de un túnel en Ceuta por el que introducían la droga en España. Una sentencia del Tribunal Constitucional considera que se vulneró el derecho a la defensa de los detenidos. Da la razón al recurso que presentó uno de los arrestados, Rubén Galindo, un guardia civil que trabajaba al servicio de los narcos.
¿Qué ha pasado? Pues que el Constitucional revisa su propia doctrina sobre la prisión provisional y considera que, al decretarse secretas las investigaciones, los detenidos no conocían los hechos por los que habían sido enviados a prisión. No conocían de qué se les acusaba y, por tanto, sus abogados no habían podido preparar sus defensas con suficientes garantías.
El hecho cierto, el que nos alarma, es que 24 presuntos narcotraficantes están en la calle y la duda es si esta sentencia del Constitucional va a provocar la puesta en libertad de otros más. La Policía se queja de la falta de medios para combatir a las grandes redes del narcotráfico que operan en España.
Como reconocía hace unas semanas la fiscal antidroga, en nuestro país hay más cocaína que nunca. El tráfico marítimo va en aumento. Las narcolanchas trafican con impunidad en la bahía de Cádiz y la Policía se queja de que no tiene medios suficientes, ni humanos ni materiales, para combatir un tráfico de drogas que perfecciona sus métodos, que desembarca gran cantidad de droga en los puertos españoles y que mira nuestro país como refugio, ahora que la política del presidente Trump en Estados Unidos ha endurecido esa lucha.
Quienes combaten el narcotráfico creen que la sentencia del Constitucional es muy peligrosa. Explican que no es posible compatibilizar el secreto de una causa con dar demasiados detalles de su detención a un narco que acaba de ser detenido y que puede avisar a otros que todavía no han sido arrestados.
Los fiscales antidroga creen que hace falta equiparar esta lucha, la lucha contra la droga, a la lucha contra el terrorismo. Piensan que estas organizaciones, que son auténticas multinacionales del crimen organizado, pueden aprovechar una legislación española más permisiva que otras para extender aquí sus redes y temen que esta sentencia del Constitucional abra la puerta a otras excarcelaciones de narcos en el futuro.
Frente a los fiscales, los jueces reconocen que puede haber otras excarcelaciones, pero creen que se pueden abrir nuevas causas con arreglo a este ajuste que hace el constitucional sobre la prisión provisional. El juez Joaquín Bosch reconoce que flexibilizar el secreto de sumario puede dar ventajas a los imputados.
Lo cierto es que la lucha contra la droga es en muchas ocasiones un combate desigual. Los malos disponen de mucho dinero, capacidad de sobornar a policías y armas sofisticadas; y quienes luchan en primera línea se quejan de lo contrario: poco dinero, falta de personal y medios insuficientes. Lo preocupante es que esta sentencia puede ponerles las cosas todavía más fáciles.