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¿Explotación o esclavitud? El escándalo de los funcionarios

En pleno siglo XXI, aún hay personas con unas condiciones de trabajo lamentables

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:13

Existen en España 800.000 funcionarios interinos sin plaza, con el riesgo de perderlo todo en cualquier momento. Ellos son María Luisa, Yasmina, Domingo, Juan, Eva, Javier,... Pertenecen a las distintas administraciones públicas y carecen de seguridad laboral en estos tiempos. 

Cuando se va a Urgencias es posible que la doctora que atiende las consultas lleve años encadenando contratos temporales. Lo mismo le puede suceder a un gran porcentaje del personal de Justicia, o al profesor responsable de educar a los niños. Conviven con la inestabilidad laboral, y con mil dificultades, por ejemplo, para firmar una hipoteca porque no tienen trabajo fijo.

¿Y por qué esta precariedad? La causa principal es que casi la totalidad de estos puestos tenían que cubrirse con personal fijo tras aprobar una oposición, pero ningún Gobierno se ha preocupado de ejecutar una Oferta de Empleo Pública.

Juan, médico de urgencias hospitalarias durante 10 años, denuncia la precariedad a la que se han llegado a enfrentar: “se han firmado contratos por un día, se firmaba al entrar y se terminaba el contrato a la vez que la jornada”. 

Mª Luisa Díaz, funcionaria de Justicia durante 20 años, cuenta que su hija está opositando ahora mismo para la plaza que ella ocupa, por lo que se la podría quitar. Algunos funcionarios se han llegado a jubilar sin que su plaza saliese a concurso público. Resalta la injusticia a la que se enfrentan: “cuando salen las oposiciones, te cesan, te vas a tu casa y no tienes ningún derecho”.  

Domingo Sánchez Ruíz, informático en la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, es el hombre cuyos apellidos ponen nombre al caso y afirma: “en vez de estar formándome en mi vocación, tenía que estar luchando por la seguridad de mi trabajo”. 

El abogado del caso, Javier Arauz, manifiesta ante esta situación: “hay gente que usa la palabra esclavitud. Es incompatible con el derecho de la Unión Europea, pero sobre todo es incompatible con la moral”. Apela a todos los funcionarios que estén en estas circunstancias para que se muevan y reclamen para conseguir la estabilidad que les pertenece por derecho.

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