"Si Álvaro García Ortiz cree en la justicia, lo que tendría que haber hecho es dimitir, porque no es de recibo que sea juzgado por sus subordinados"

Estos atardeceres de septiembre nos obligan a no perder la nostalgia, la nostalgia de la mujer y del hombre que se esconde bajo nuestro pecho. La reina Bárbara de Braganza fue una portuguesa reina con sorte del rey Fernando VI, un rey poco recordado, Borbón, hijo de Felipe V. que llevó en su cabeza la corona de las Españas a mediados del siglo XVII. La reina Bárbara fundó un convento en Madrid, el convento de las alesas, que ahora está en el centro de la ciudad. El antiguo convento de las alesas y el acto presidido por otro rey, el actual rey de España, Felipe VI, ha sido el centro de las ablillas de las últimas horas en esta España, que no se parece nada a la España del siglo XVII. El rey presidió ayer, como esta tradición la inauguración del año judicial. en el convento de las Salesas, que es sede también del Tribunal Supremo. Y el acto fue eh todo menos tradicional, fue en realidad un espectáculo poco edificante porque la presidenta del Tribunal Supremo tuvo que pedir al gobierno respeto para los jueces porque el fiscal general del Estado, que intervino en el acto está a punto de sentarse en el banquillo. El acto que es habitualmente solemne, ya digo que fue eh un espectáculo y hubo hasta una competencia de aplausos entre la presidenta del Supremo y el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado recibió un aplauso modesto y el aplauso a la presidenta del Supremo fue más cálido. 

Hace un año que Isabel Perelló está al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y ayer en su intervención de ayer repitió lo que viene afirmando, reclamando, repitiendo en los últimos 12 meses, que el gobierno no puede descalificar a los jueces y que debe respetar su independencia. Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo. En definitiva, el de lealtad institucional.

Perelló hizo una larga intervención defendiendo la independencia judicial y recordó lo que en varias ocasiones ha dicho Bruselas. La Comisión Europea ha vuelto a señalar en su informe sobre el estado de derecho, ya lo hizo el año pasado, que la confianza de los ciudadanos es esencial para que el poder judicial sea eficaz y que esa confianza se ve dañada cuando se hacen descalificaciones desde los miembros del poder ejecutivo a los jueces. Hace un año, cuando Perelló acababa de ser elegida, dijo prácticamente lo mismo que dijo ayer, la necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la administración de justicia o la de sus integrantes.

En el último año el gobierno no le ha hecho ni caso a Perelló, porque para ser un buen ministro del gobierno de Sánchez, hay que seguir al jefe y sugerir que el juez Peinado, por ejemplo, el que lleva el caso de Begoña Gómez, es un juez prevaricador. O como hace Bolaños: hay que cuestionar al Supremo por la investigación que lleva a cabo. por un presunto delito de revelación de delitos de secretos por parte del fiscal general del Estado. Lo dijo Perelló en septiembre del año pasado, lo dijo en enero en un acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, lo dijo el mes de junio. La insistencia de Perelló certifica que este gobierno no respeta como debería la separación de poderes. Isabel Perelló no es precisamente una jueza de derechas. Fue elegida por una mayoría progresista como presidenta del Consejo General del Poder Judicial. 

En su momento firmó manifiestos con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha formado parte de una asociación judicial progresista cercana al gobierno. Pero Perelló durante este año ha mostrado la sensibilidad ideológica de una persona con importantes responsabilidades públicas como tiene ella. Esa sensibilidad ideológica no tiene por qué obligarle a asumir una posición necesariamente partidista. 

Perelló es el ejemplo de algo elemental que cada vez se ha convertido en algo más extraño en España. Un juez o un fiscal de izquierdas o un juez o un fiscal de derechas no están obligados a decir que sí a todo lo que diga un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas, si hubiese más perelló Las cosas funcionarían de otro modo en España. El caso opuesto, pero yo es el del fiscal general del Estado, García Ortiz. 

A pesar de estar a punto de sentarse en el banquillo, el presidente del Gobierno no le cesa y lo que es más importante, él no dimite porque García Ortiz podría dimitir. García Ortiz ha entregado su voluntad y su libertad a Sánchez. Estamos ante algo que se ha normalizado en nuestro país. El hombre de partido, sea fiscal, juez o presidente de la Asociación de Vecinos, no dimite porque se debe al partido. Todas las instituciones están colonizadas por hombres del partido que se deben al partido, que han perdido su libertad. 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 vocales, pidieron que García Ortiz no participara ayer en la apertura del año judicial. Y el problema no es que Garc Ortiz participe o intervenga en la apertura del año judicial, porque el fiscal general tiene que presentar la memoria de la fiscalía. El problema es que García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado. García Ortiz, ayer visiblemente nervioso, nos contó que cree en la verdad y en la justicia.

Álvaro, tenías que haberte ido a casa porque si crees en la justicia, lo que no es de recibo, Álvaro, es que te vayas a sentar en el banquillo para ser juzgado y que los fiscales que intervengan en el juicio sean tus subordinados, porque en la jerarquía, en la fiscalía, rige el principio de jerarquía. 

Está muy bien que Álvaro García Ortiz crea en la justicia y la verdad, pero precisamente porque cree en la justicia lo que tenía que haber hecho es dimitir. Álvaro, tenías que haberte ido a casa porque si crees en la justicia, lo que no es de recibo, Álvaro, es que te vayas a sentar en el banquillo para ser juzgado y que los fiscales que intervengan en el juicio sean tus subordinados, porque en la jerarquía, en la fiscalía rige el principio de jerarquía. Al acto de ayer no quiso asistir Feijóo, que se hizo un Ayuso. 

Claro, un partido de estado, un líder de un partido político que aspire a ser presidente del gobierno tiene que saber distinguir los actos, los actos institucionales de la lucha partidista. Empeñado en equivocarse, Feijóo ayer sugirió que Sánchez se parece a Franco. Y dale con Franco, pero qué manía tiene. Antes era la izquierda y ahora también la derecha. España es un país con una democracia consolidada. Ni Sánchez puede parecerse a Franco, ni Feijóo es un fascista. Las izquierdas en España no están plagadas de de comunistas estalinistas dispuestos a implantar el terror rojo. Ni las derechas están infectadas por el virus antidemocrático. Conviene no darle carta de naturaleza a estas exageraciones exageradas de los políticos. Conviene no seguir la estela que dejan los que han entregado su alma a los intereses partidistas.