La "primera medida que debería tomar" el Gobierno que llegue después de Sánchez tras lo ocurrido con jueces y fiscales: afecta a las oposiciones

Los jueces convocados a un paro; la Comisión Europea pone en la picota la amnistía y Sánchez asiste, ya era hora, a la sesión de control del Congreso, lo analiza este miércoles José Antonio Zarzalejos. 

"En plena ofensiva del Gobierno contra el poder judicial en un obsceno espectáculo de populismo, 5.500 jueces y más de 3.000 fiscales están llamados a un paro de 10 minutos a las 12 horas.

Les asiste la razón en la protesta porque el anteproyecto “para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal” consiste en rebajar drásticamente las barreras de entrada en esos cuerpos debilitando los principios constitucionales para su acceso: mérito y capacidad. 

Se rebaja las condiciones para el acceso libre (por oposición) y por el cuarto turno (sin oposición) y se posibilita una regularización extraordinaria de los ahora jueces sustitutos. El propósito consiste en desmantelar el esquema de funcionamiento de la actual magistratura y de la fiscalía porque sus miembros son tenidos por conservadores, corporativistas y endogámicos. 

Todo eso es, obviamente falso, pero se machaca con ese mensaje en un contexto de embate contra los tribunales y los jueces para que, por las malas, se amilanen y se sometan a los dictados del iliberalismo. El Consejo General del Poder Judicial, en un informe preceptivo y no vinculante es crítico con el anteproyecto en sus 32 conclusiones. 

La primera medida que debería tomar una futura y distinta mayoría parlamentaria sería derogar esta norma si es que llega a ser aprobada. Hay que llevar a Europa la protesta judicial para que la atiendan allí como en su momento la de los jueces húngaros y polacos.

Varapalo a la ley de amnistía

"En 35 folios suscritos por los denominados agentes Céline Valero y Carlos Urraca Caviedes, la Comisión de la Unión envía criterios (técnicamente, observaciones) sobre la ley de amnistía acerca de cuya constitucionalidad comenzó ayer a deliberar el demediado pleno del TC sobre la base de la indigerible ponencia de Inmaculada Montalbán. 

En síntesis, el documento de la Comisión reservado, pero ayer filtrado, dice, entre otras cosas, que se trata de una autoamnistía votada por sus beneficiarios sin los que no hubiera prosperado, que su aprobación es el resultado de una transacción política para investir a Sánchez, que no obtuvo una mayoría cualificada. 

Se tramitó por vía de urgencia desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y que, en fin, contraviene los principios propios del Estado de Derecho porque infringe la seguridad jurídica y el principio de igualdad de los ciudadanos. Conde Pumpido tendrá un buen disgusto, pero seguirá sirviendo fielmente a Sánchez. 

Deberá reparar el presidente del TC que quedará para los restos como un jurista sectario y de parte y un intérprete arbitrario de la Constitución. Por los demás, y para no perder las buenas costumbres, ayer la ministra portavoz, Pilar Alegría, volvió a mentir al ofrecer una valoración sesgada e incompleta del dictamen de los servicios jurídicos de la UE que constituye un varapalo a la amnistía".