"Más vale que la vicepresidenta contrate a un abogado que sea bastante mejor que ella, porque si no va a darle a Julio Iglesias el placer de ganarle un pleito a una comunista"

Un célebre cantante español ha demandado a una vicepresidenta del gobierno de España: ya podemos confirmar que una de las mujeres que ha herido a Julio Iglesias es Yolanda Díaz. Primero en redes sociales y después en televisión, la vicepresidenta y ministra de trabajo cometió la imprudencia de elevar a categoría de hecho lo que aún era solo una denuncia de dos exempleadas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, nada menos, pero nada más. Y se supone que una vicepresidenta del Gobierno, a diferencia de una activista universitaria, debe contribuir a preservar la presunción de inocencia en una democracia, sobre todo si, como le gusta presumir tanto, es licenciada en derecho y ejerció de abogada en otro tiempo.

Pero lo que hizo la vicepresidenta fue anticipar la culpabilidad del cantante y lo hizo básicamente por razones políticas, porque Julio Iglesias es un referente cultural de la derecha que encaja en ese estereotipo machirulo que manejan alegremente ciertas feministas de la Inquisición Progre, la Inquisición Rosa o Violeta. Afirmó Yolanda que en casa de Julio se cometían abusos sexuales, que sus trabajadores se encontraban sometidos a un régimen de esclavitud y y que el cantante había montado una “estructura de poder basada en la agresión permanente”. Esto escribió en las redes doña Yolanda, que luego quiere que no la confundan con Irene Montero.

Pero resulta que poco después la fiscalía archivó aquella denuncia por improcedente y porque no tiene competencia para investigar hechos sucedidos en el Caribe y ahora Julio ha decidido contraatacar para limpiar su nombre y ha empezado por Yolanda Díaz, pero va a haber más. Por eso su abogado, que es un especialista además en casos de celebridades, José Antonio Choclán, expone que se le ha montado a su cliente un juicio paralelo atizado por un alto cargo del Estado y exige ahora a Díaz “que se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de sus manifestaciones que han lesionado el honor, la imagen y la reputación social de su representado”.

Pero, ¿qué ha contestado doña Yolanda? Porque ha contestado. Claro, ella ha creído que confrontando con Julio Iglesias puede resucitar como líder progresista su maltrecho liderazgo que tiene fecha de caducidad. Así que ha contestado reafirmándose en sus acusaciones con el argumento siguiente: "Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos". Con denuncias o sin denuncias, dice la abogada. Esto es un poco como lo que decían nuestras madres, ni inocencia ni inocencio, ni derecho ni derecha. A la hoguera ya, señoro.

Claro, en vista de que la demandada no se retracta, ahora el demandante va a emprender la vía penal contra Yolanda Díaz. Y más vale que la señora vicepresidenta contrate para entonces a un abogado que sea bastante mejor que ella, porque si no va a darle a Julio el inmenso placer de ganarle un pleito a una comunista.

La jueza de la Dana quiere imputar a Mazón

Y otro señor de derechas metido líos judiciales es Carlos Mazón, que por cierto también fue cantante y, como dice la letra premonitoria de este tema de Mazón, se ha quedado con su soledad en un rincón o, mejor dicho, en un banquillo, el banquillo al que lo quiere llevar como sea la jueza de la Dana, que se llama Nuria Ruiz Tobarra, que acaba de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que impute formalmente a Carlos Mazón, que recordemos que dimitió pero conservó el escaño, así que sigue aforado.

Pero, ¿qué dicen los juristas sobre la instrucción de la jueza Ruiz Tobarra? Pues leyendo un poco los análisis, la mayoría no le augura mucho recorrido penal. ¿Por qué? Primero porque al parecer el marido de la jueza ha participado en los interrogatorios, que es una anomalía procesal escandalosa que por sí misma podría justificar la nulidad del caso, pero además porque ella insiste en ver un nexo causal entre la pasividad o la negligencia de Mazón y la muerte de 230 personas que se ahogaron en las riadas. Pero ese presunto nexo es muy difícil de probar más allá de toda duda razonable.

Una cosa es que Mazón no estuviera donde debía estar, que no lo estaba, y que mintiera repetidamente sobre la hora y el lugar de su paradero, que nos mintió. Una cosa es esto, digo, y otra muy distinta es afirmar que todas esas vidas dependían de que Mazón hubiera llegado antes al Centro de Coordinación de Emergencias, el famoso CECOPI, que además según la ley no lo convoca ni lo dirige el presidente autonómico.

Ojo, Amazón está bien dimitido. De hecho, tenía que haber dimitido mucho antes porque en democracia debe existir la responsabilidad política, pero esta no tiene por qué estar necesariamente vinculada a la responsabilidad penal. El problema en España es que hemos llegado a tal nivel de polarización ideológica que respetamos o atacamos a los jueces en función de si empapelan o no al político del otro lado del muro.

Por ejemplo, la izquierda pone el grito en el por los abusos sexuales a menores cuando se pueden imputar al ámbito eclesiástico y hacen bien en escandalizarse porque es una lacra repugnante que hay que perseguir, pero hay que perseguirla venga de donde venga. Lo digo porque cuando la audiencia de Valencia ordena reabrir el caso de encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por el exmarido de Mónica Oltra, la exlíder de Compromís, como acaba de pasar, entonces la Audiencia de Valencia se convierte en un tribunal de fascistas.

Y si al otro lado del muro ven como la audiencia de Madrid corrige al juez Peinado, porque no ven en su instrucción indicios sólidos para justificar el procedimiento conjurado en la causa contra Begoña Gómez, entonces algunos les parece que la Audiencia de Madrid está compadreando con el sanchismo. Señores, o creemos en el estado de derecho o creemos en el lawfare o sea, que los jueces son políticos con toga. Pero las dos cosas no.

Y si existiera la responsabilidad política En este país, Pedro Sánchez habría dimitido el día que imputaron a su esposa, aunque el caso no acabe en condena, como han hecho otros dirigentes europeos envueltos en escándalos que luego la justicia disipó. Pero Pedro optó por el paripé victimista de los cinco días de reflexión, ¿te acuerdas? Y ahí le tenemos ahora combatiendo a los jueces, a los tecnoligarcas, a Tejero y a los pobres candidatos del Partido Socialista que tienen que soportar en los mítines la compañía tóxica de su secretario general.