"Los juristas insobornables del Supremo nos recuerdan que el Estado no puede pisotear los derechos de ningún ciudadano y que en una democracia el fin no justifica los medios"

 Hubo un tiempo en que la Universidad Complutense tenía una facultad de Derecho que era la más poblada de Europa. Hace 15 años gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro de educación se llamaba Ángel Gabilondo, que hoy es defensor del pueblo. Bueno, pues en una conferencia Gabilondo afirmó que la ciudad de Madrid tenía, ella sola, solo la ciudad de Madrid tenía más estudiantes de derecho que todo el Reino Unido. Ha pasado el tiempo, yo no sé si ese dato sigue siendo válido. Lo que sí sé es que en cualquier caso me parecen muy pocos, muy pocos estudiantes de Derecho. Sobre todo viendo las reacciones de algunos y algunas a la sentencia contra Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general condenado en la historia de nuestra democracia.   

 La sentencia a García Ortiz  

Ayer por fin, tres semanas después de conocerse el fallo, se hicieron públicas las 200 páginas que componen el texto de la sentencia. ¿Por qué se avanzó el fallo antes que el texto que lo fundamenta? Pues porque la sala tenía claro el sentido de la sentencia después de lo visto y de lo oído en en el juicio, pero quería evitar filtraciones y quería tomarse su tiempo para redactar bien los fundamentos jurídicos de su decisión. Claro, habría resultado demasiado irónico que se filtrara la sentencia sobre una filtración. Así que, para quitarse presiones, consciente de la hostilidad manifiesta de este gobierno y de su granja de papagayos, el Tribunal Supremo anunció el fallo en primer lugar y entonces empezó el desfile de indocumentados, de mentes antijurídicas y de mamporreros que no saben distinguir un delito de una falta ni un tribunal de un plató de televisión.

Vamos a recordar que el Tribunal Supremo es un lugar al que no se llega a dedo como a las listas del PSOE o a Telepedro, a Televisión Española. Al Supremo se llega con las pestañas quemadas después de haber aprobado una oposición dura, de haber pasado por decenas de juzgados, de haber robado infinitas horas al sueño y al veraneo y al fin de semana para metabolizar folios y folios de causas, de haber habido tomos y tomos de jurisprudencia, de haber puesto sentencias contra unos y contra otros, de haber dirigido decenas de juicios, de haberse empollado tochos jurídicos que fundirían las neuronas de cualquier tertuliano random. Eso es un juez del Supremo.

Y algunos, además de todo eso, llegan allí después de haberse jugado la vida contra mafiosos, etarras, narcos y criminales de la peor especie. Por eso algunos magistrados van con escolta, aunque no le tienen miedo a nadie. y menos a un ministrito de Pedro Sánchez. Porque cuando has pasado por todo eso y llegas finalmente al Tribunal Supremo, ya te debes únicamente a tu propio prestigio. Para ser un Manuel Marchena o un Antonio del Moral o un Andrés Martínez Arrieta, cualquier vocero de sigla o de tertulia tendría que nacer 70 veces y en la 71 igual les llegan a la altura del juanete. Digo esto por gente como Óscar López, ministro de oposición Ayuso. Don Óscar López estudió ciencias políticas y empezó derecho, pero no lo terminó y se nota porque don Óscar es un hombre que no suele terminar las cosas que empieza. Por ejemplo, empezó siendo líder del socialismo castellano leonés, pero ha terminado siéndolo del socialismo madrileño y lleva camino de no serlo durante mucho tiempo tampoco, lo será exactamente hasta que pierda las próximas elecciones en Madrid.

Empezó siendo antisanchista, incluso hurgaba en las cloacas en busca de información sobre las saunas del suegro de Pedro para perjudicarle en una campaña de primarias en las que él iba con Patxi López. Y quizás para hacerse perdonar ese pecado original ha terminado siendo más sanchista que Sánchez. Por eso tiene que andar diciendo estas ridiculeces como de aprendiz talludito de Gabi Rufián.

 Los seis indicios clave  

Pero en fin, vamos a olvidarnos por ahora del cacareo del loro parque y vamos a repasar las claves de esta sentencia que es verdaderamente histórica porque nunca antes un fiscal general había sido condenado por someter la dignidad de su cargo al interés político del gobierno que lo nombró. Es decir, por quebrantar la neutralidad del Estado que él representaba y desviar todo ese poder contra un ciudadano particular solo para perjudicar a su novia, por la única razón de que esa novia es una adversaria del presidente del gobierno.

Pero ningún ciudadano español pierde sus derechos por salir con Isabel Díaz Ayuso. De eso iba este caso, de si Alberto González Amador tenía o no derecho a que un fiscal general respetase su derecho a disponer de una estrategia de defensa. Y el Supremo ha sentenciado que sí lo tiene, como cualquier español, y ha sentenciado también que quien no tenía derecho a vulnerar ese derecho era Álvaro García Ortiz.

Con esta sentencia queda probado que la filtración de los datos reservados de Alberto González Amador tuvo su origen en la Fiscalía General del Estado y contó con la intervención directa de su máximo responsable. Queda probado que el comportamiento de García Ortiz solo se puede explicar por un alineamiento, por lo demás estúpido y suicida, con los objetivos políticos del gobierno. El loro parque cacarea ahora que no hay pruebas porque los loros no saben derecho penal y, por tanto, ignoran que en la mayoría de los casos se condena por un conjunto de indicios lo suficientemente sólidos, elocuentes y coincidentes como para adquirir valor probatorio. Muchos indicios conforman prueba y sirven para despejar cualquier duda razonable. Y los indicios son abrumadores, empezando por el propio testimonio del acusado en el juicio.

Te voy a dar seis indicios. Podía dar más, pero te voy a dar seis.

Primero, el propio García Ortiz reconoció su interés desesperado por hacerse con el correo que contenía la información confidencial del novio de Ayuso. Recurrió a presiones directas sobre sus subordinados jerárquicos, incluso sacó a uno del fútbol, el que llevaba el caso.

Segundo, una de esas subordinadas jerárquicas, la fiscal progresista Almudena Alastra, protestó ante esas presiones y llegó a acusar directamente a García Ortiz de haber filtrado el correo, acusación a la que el condenado respondió, "Eso ahora no importa".

Tercero, Su propia jefa de prensa, que se llama Mar Hedo, reconoció que García Ortiz le había dictado la nota que incluía datos reservados. La propia emisión de una nota así por parte de un fiscal general es un delito. Y si es para ganar un relato político, además de un delito, es un ejemplo de servilismo infame.

Cuarto, el propio fiscal, exfiscal ya, decidió no responder en el juicio a nadie más que a su abogado y perdió así la oportunidad de contradecir las acusaciones. quizá porque no podía contradecirlas.

Quinto, aún creyendo, y es mucho creer, que hubo periodistas que se hicieron con el correo dichoso por fuentes ajenas a la fiscalía, cosa imposible, pero bueno, el reforzado deber de reserva de un fiscal general no desaparece por el hecho de que una información sea de dominio público. La sentencia, pone el ejemplo para tontos del cirujano, porque estamos en ese nivel ya, el cirujano que revelara, por ejemplo, un historial clínico para confirmar la operación estética de un famoso. El médico que revelara ese historial clínico incurriría en una responsabilidad criminal, por mucho que le moviera el supuesto deseo de contar la verdad facial de ese famoso. Los médicos y los fiscales, queridos niños, no son ni deben ser periodistas.

Y sexto, borrar los mensajes de tu móvil y de tu cuenta personal de correo no ayudan a apuntalar tu inocencia precisamente. Más bien sugieren que te estás comportando como un vulgar delincuente. de cuando la pasma te pisa los talones. Y si lo haces siendo el fiscal general del Estado y justo en el momento en que se acaba de decretar la apertura de juicio oral contra ti, pues quedas en mayor evidencia.

Y podría seguir porque hay muchos más indicios de la culpabilidad probada del delincuente ya conocido como Álvaro García Ortiz, aunque por mucho que siga, al que seguro que no voy a convencer es a Pedro Sánchez, que ayer en un meting con la cara de una de esas gominolas con forma de calavera que la muerdes y sale como un chocolate rancio, que es la cara que se le está quedando, pues insistió en la inocencia de su fiscal general y en exigir a Ayuso, contra la que pierde las urnas, en los tribunales y en la calle, que pida perdón.

Que el presidente del gobierno salga otra vez en defensa de García Ortiz solo invita a pensar en los jugosos diálogos entre ambos que guardaría ese móvil oportunamente formateado. Pero su exfiscal ya es otro fusible fundido como Ábalos, como Koldo, como Cerdán, como Salazar, así hasta que el tinglao se desmorone definitivamente. Y quizá ese día debamos agradecer a los juristas insobornables del Tribunal Supremo que que nos recordaran a todos que el Estado no puede pisotear los derechos de ningún ciudadano y que en una democracia el fin no justifica los medios.