Sergio Nasarre, experto en vivienda: "Se ha hackeado la Constitución. Han encontrado un agujero en una norma que puede producir efectos durante dos años"

El Congreso de los Diputados ha tumbado el decreto de la prórroga de alquileres con 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, según anunció la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Esta derrota para el Gobierno genera una enorme incertidumbre para aproximadamente un millón de inquilinos y caseros cuyos contratos vencían durante el mes en que la norma ha estado en vigor.

El decreto, impulsado por Podemos y Sumar y publicado en marzo, permitía una prórroga de hasta dos años en las mismas condiciones y limitaba la revalorización anual de la renta a un 2% para contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. El ministro Pablo Bustinduy, encargado de defender la norma, lanzó una advertencia durante la sesión: “Cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre, cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio, cada plan que se trunque, cada vida más difícil tendrá sus nombres y apellidos”.

Un 'hackeo' a la Constitución

Para aclarar la confusión, Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de vivienda, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE'. El experto califica la situación como un “panorama inédito” en el que se ha conseguido “hackear la Constitución” a través de una norma provisional con efectos a largo plazo.

Nasarre explica que la derogación del decreto ley tiene efectos “ex nunc”, es decir, desde ahora, y no retroactivos (“ex tunc”). Esto significa que el decreto “ha estado en vigor y durante ese mes ha sido válido”, por lo que todos los actos realizados bajo su amparo están protegidos por el principio de seguridad jurídica civil que establece el Código Civil.

¿Qué pasa con los contratos que pidieron la prórroga?

La consecuencia directa, según el catedrático, es que los inquilinos que solicitaron la prórroga de dos años mientras el decreto estaba vigente tienen derecho a ella, y la subida del alquiler queda limitada a un máximo del 2% . “El arrendador no puede negarse, es irrelevante que haya contestado o no, ya que es a criterio simplemente del arrendatario”, aclara Nasarre.

Este es el caso de Alexia, una inquilina que, tras enviar un burofax a su casero, se encuentra en un mar de dudas: “No tengo ninguna confirmación aún a día de hoy de si yo me puedo quedar dos años más o no”. Pese a su incertidumbre, la ley ampara su petición al haberla cursado durante la vigencia de la norma.

Un peligroso precedente para gobernar en minoría

El periodista Jorge Bustos ha planteado la derivada más preocupante: si esta vía permite al Ejecutivo gobernar con minoría e imponer normativas de larga duración sin contar con el respaldo parlamentario. Nasarre confirma el peligro: “Si el Tribunal Constitucional no pone veto a esto, [...] no hay límite para el Ejecutivo para hacer decretos leyes con cosas mucho más grandes”.

La única solución, apunta el experto, sería que un juez eleve una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el decreto no cumplía los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, se muestra escéptico, ya que el Constitucional “se moja poco” en estos asuntos y ha validado en el pasado decretos de vivienda cuya urgencia era cuestionable.

De no frenarse esta práctica, advierte Nasarre, se abre la puerta a que el Gobierno pueda imponer medidas como que “no se paguen rentas durante dos o cinco años o siete. O nunca”, una situación que, recuerda, “ya lo hizo Lenin en el 1917”.