Los expertos insisten en que los agresores deben ser apartados, no las víctimas
Maite Muñica, criminóloga: “Si se hubieran aplicado los protocolos, Sandra Peña seguramente estaría viva"
Sandra Peña tenía solo 14 años. Hace una semana y media decidió quitarse la vida en Sevilla tras meses de acoso escolar. Su familia asegura que había denunciado la situación y aportado informes psicológicos, pero el colegio no activó el protocolo contra el bullying.
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El rostro de Sandra Peña, una niña morena, de ojos negros y sonrisa luminosa, se ha convertido en el símbolo más doloroso del acoso escolar en España. Su familia decidió mostrar su imagen para remover conciencias. “Esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Que esas caritas dejan de estar con nosotros por no hacer las cosas”, lamentaba su tío, Isaac Villar, visiblemente emocionado, en declaraciones a la cadena COPE.
Los padres de Sandra habían advertido al colegio de la situación que sufría su hija e incluso presentaron informes psicológicos que acreditaban el daño emocional que padecía. Sin embargo, según denuncian, el centro educativo se limitó a cambiar de clase a las presuntas acosadoras sin activar el protocolo previsto para estos casos.
Tras el suicidio de la menor, la familia recibió —según relata su tío— un correo del colegio “impersonal y lleno de buenas intenciones”, pero “llegado demasiado tarde”.
Según el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, uno de cada diez alumnos asegura haber sufrido acoso, y un 2% ha sido víctima de ciberacoso. “Detrás de cada cifra hay una historia, un dolor y un silencio que pesa”, recordaba Cristina López Schlichting.
El caso de Sandra recuerda al de Kira López, una adolescente de Barcelona que en 2021 también se quitó la vida tras sufrir bullying. Su padre, José Manuel López, fundó la asociación Trencats, desde la que reclama una ley nacional anti-bullying y la aplicación inmediata de protocolos “desde la primera agresión”.
La criminóloga y victimóloga Maite Muñica explica que cada comunidad autónoma cuenta con su propio protocolo, pero falta una norma común en todo el país. “Si los protocolos se aplicaran correctamente, Sandra hoy estaría viva”, aseguró.
Muñica subraya que separar a la víctima de sus acosadores no es la solución. “Al aislarla, la volvemos a castigar. Los que deben ser apartados son los agresores”, sostiene. También apunta a la responsabilidad civil de los colegios, que tienen la obligación de proteger a los menores.
El acoso, además, ha adquirido una nueva dimensión con las redes sociales. “Antes uno salía del colegio y estaba a salvo; ahora el acoso es 24 horas, siete días a la semana”, explica la experta.
La familia de Sandra ha pedido calma tras las pintadas que han aparecido en el colegio contra las presuntas acosadoras. “No queremos violencia. Dejemos trabajar a las autoridades”, han pedido.
El caso de Sandra Peña no es un número más. Es un grito de dolor que exige acción, responsabilidad y empatía en todos los niveles: familiar, educativo y social.