Una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia a nivel mundial provocados por la covid-19 ha generado estragos desde el punto de vista sanitario, económico y también social. Tras la pérdida de miles de vidas a causa de la pandemia, el mundo se ha tenido que enfrentar a una situación límite que ha cambiado los hábitos de vida cotidianos a nivel global. Aparte, las consecuencias económicas de esta pandemia también han sido devastadoras para muchos sectores.

Es por ello que en COPE, durante este 2020, las informaciones que han ido apareciendo respecto a la pandemia han sido objeto de análisis a través de diversas líneas editoriales. A continuación repasamos algunas de las más importantes y que han ido analizando los efectos de la pandemia, las decisiones que se han tomado al respecto y su correspondientes consecuencias, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Un gran consenso para derrotar la epidemia (11.03.2020)

La necesaria unidad que exige de los políticos la lucha contra la crisis provocada por el coronavirus implica responsabilidad y moderación, que no están reñidas con una crítica ponderada a la gestión del Gobierno. Ante un enemigo común como este virus que amenaza a todos los sectores de la sociedad, no caben anteojeras ideológicas. Por eso se reprochó ayer en el Pleno del Congreso que el Gobierno animase a la celebración multitudinaria del Día de la Mujer unas horas antes de que dispusiera la prohibición de concentraciones de más de mil personas. La lección que se impone es que debe primar el bien común y buscar el acuerdo con la oposición cuando se trata de afrontar retos que afectan a todos los españoles.

Sánchez podría visualizar todo esto convocando a los líderes de los principales partidos, para abordar desde el consenso todas las medidas que se impongan, porque son muchas las sugerencias que pueden hacerse desde la lealtad y sin dar margen a ocurrencias oportunistas. Otro aspecto de esta crisis que requiere la colaboración de todos es su duro impacto económico, algo que debe tenerse en cuenta en la elaboración de los Presupuestos generales del Estado. Las propuestas avanzadas hasta ahora, entre ellas el aumento de impuestos, han perdido todo su sentido ante el descalabro de las bolsas, el descenso dramático de las provisiones del turismo y de la actividad económica, con un previsible aumento del paro y el consiguiente aumento del déficit público. Mucho es lo que hay que hacer y rehacer, y aquí se impone también un gran acuerdo entre los principales partidos, aunque eso suponga alterar el esquema de la investidura de Sánchez.

Aprender de los errores. (26.03.2020)

En plena expansión de la pandemia se ha desencadenado una batalla judicial y política para exigir responsabilidades por la negligencia que pudo suponer la autorización de las masivas manifestaciones del pasado 8 de marzo. La preocupación y la angustia actuales pueden provocar una lógica irritación y la búsqueda de responsabilidades por la rápida expansión de la pandemia, que ha sorprendido a todos por su virulencia.

La crítica de la gestión gubernamental no debe ser censurada ni aparcada durante el estado de alarma, pero hay que evitar caer en adjudicaciones simplonas de culpa. No es el momento del ajuste de cuentas político, en esta hora lo más importante es generar esperanza desde la unión de todos, por eso hay que subrayar la actitud responsable de la oposición durante el Pleno del Congreso celebrado ayer.

No obstante, el Gobierno no debe considerarse inmune, y en su momento tendrá que dar cuenta de su gestión de la crisis, con sus aciertos y sus errores, y es importante que mantenga una información fluida y transparente, lejos del autobombo que no tiene ningún sentido. Parece un hecho comprobado que el Gobierno disponía de información sobre la amenaza que representaba el virus días antes de que impulsaran alegremente, por razones ideológicas, las marchas feministas del 8 de marzo.

Y resulta absurdo que se señale la fecha del 9 de marzo como el comienzo de la pandemia para eludir responsabilidades. Ahora lo que urge es acertar en las medidas, tanto en el plano sanitario como en el económico, y el Gobierno debe aprender sin demora de los errores cometidos.

Cultura del descarte en tiempos de coronavirus. (31.03.2020)

La cultura del descarte, que con tanta frecuencia denuncia el papa Francisco, está mostrándose con toda su crueldad en las controversias éticas surgidas en todo el mundo a raíz de la pandemia global que padecemos. Ponen los pelos de punta las noticias descarnadas de que algunos protocolos establecidos para decidir sobre el acceso a los recursos escasos están basados solo en la esperanza de vida. Se llegaría así a descartar a los ancianos o a las personas que no tuvieran más de dos años de esperanza de vida. La aplicación fría de esta suerte de utilitarismo es inhumana.

Toda vida humana tiene una dignidad intrínseca insoslayable. No debe utilizarse el criterio de la edad de forma aislada para decidir sobre el acceso a los recursos escasos. Es necesario buscar siempre alternativas mejores, como la derivación a otros centros, o la solidaridad interterritorial que tanto se debate en estos días. Lo que deben buscar las autoridades a toda costa es conseguir el máximo de medios para sortear la escasez, lo que exige movilizar todos los recursos personales y materiales disponibles, tanto públicos como privados. Como ha subrayado el Comité de Bioética de España, es necesario un juicio prudencial en cada caso. Ningún protocolo puede aplicarse sin más de manera mecánica, todo ser humano tiene derecho a una consideración personal. Como sostenía con agudeza el doctor Marañón, no existen enfermedades, sino enfermos, y esa expresión común, tan llena de sensibilidad humana y sabiduría, debe ser subrayada en estos tiempos de encrucijada que nos toca vivir.

La vida después de la pandemia. (14.04.2020)

En las redes sociales y en los medios de comunicación se está abriendo paso un gran debate sobre lo que habremos aprendido de la pandemia cuando esta pase, y sobre cómo será nuestra vida después. De momento los institutos de opinión, incluido el Centro de Investigaciones Sociológicas, manejado por el Gobierno, no han tenido en cuenta esta creciente inquietud social. Es importante una investigación rigurosa, porque junto a posiciones de cinismo están saliendo a la luz aperturas inesperadas y preguntas hasta ahora silenciadas en el debate público sobre cuestiones cruciales de nuestra civilización. La pandemia ha permitido que las preguntas religiosas y morales vuelvan a entrar en nuestra conversación nacional, y cuestiona una cultura basada en el individualismo consumista y en la mera búsqueda del placer, que conllevan el descarte de los más vulnerables.

La cuestión radical del sentido de la vida humana y la cuestión de la solidaridad profunda que debe sustentar la convivencia civil han entrado con fuerza y conviene tomarlas en serio, también desde el ámbito de la política. El valor de la vida en cualquier circunstancia que atraviese, el cuidado de los mayores, la cohesión social y la protección de la Creación son temas que no deberían volver a ser marginales.

Como decía recientemente el secretario de la CEE, Luis Argüello, es necesario que estas grandes cuestiones entren en diálogo con la labor de la ciencia y de la tecnología, y con los planes de reconstrucción económica, porque, si no, no habremos cambiado a mejor después de tanto sufrimiento.

Estado de alarma y derechos fundamentales. (17.04.2020)

Algunas decisiones y propuestas emanadas del entorno gubernamental han generado en la opinión pública una legítima preocupación sobre si existe el riesgo de que la aplicación del estado de alarma no se adecue a la norma constitucional y esté poniendo en riesgo derechos fundamentales.

Además del debate jurídico sobre si alguna restricción de libertades, como la libertad de movimiento, es más propia del estado de excepción, preocupan la parálisis parlamentaria, la intromisión de la policía en centros de culto y las medidas destinadas a limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de indicadores peligrosos de una deriva frente a la que conviene estar vigilantes. Si además sucede que el vicepresidente Iglesias aprovecha la situación para atacar a la Corona, pilar básico del sistema constitucional, sin ser desautorizado, la preocupación tiene fundamento.

El presidente Sánchez cuenta, por la naturaleza del estado de alarma, con unas facultades excepcionales de concentración de poder. Pero el ejercicio de ese poder debe realizarse desde la lealtad constitucional y el más escrupuloso cumplimiento de la legislación. El estado de alarma no implica un paréntesis en el Estado de Derecho, ni los partidos que sustentan al Gobierno tienen barra libre para ocupar el espacio público e imponer un modelo de sociedad ajeno a nuestro ordenamiento constitucional.

La pandemia no se ha acabado. (11.05.2020)

Desde esta mañana media España se encuentra ya en la Fase 1 de desescalada, con lo que puede realizar actividades como reunirse con sus familiares, comprar sin cita previa o sentarse en una terraza. El modo en que el Gobierno decidió qué territorios han podido pasar a esta fase ha sido objeto de polémica y probablemente no les falta razón a algunos presidentes autonómicos, del PP y del PSOE.

Pero ahora la cuestión esencial es que todos tengamos claro que la pandemia no se ha acabado. La desescalada se está realizando sin datos de seroprevalencia concluyentes. No tenemos más que algunos indicios muy aproximados de cuántos españoles están inmunizados. El seguimiento de la incidencia del virus está ahora en la red de Centros de Salud. Los médicos de atención primaria ya han denunciado que no cuentan con recursos para realizar un trabajo de seguimiento y rastreo. En otros países las tareas de rastreo de los positivos, que identifican los posibles nuevos contagios, se están realizando con miles de personas contratadas a tal efecto. Algo que no hemos hecho nosotros.

Las autoridades sanitarias ya han advertido que en la vuelta a la normalidad hay que considerar la posibilidad de que se den pasos atrás. Es evidente que es necesario recuperar, cuanto antes, una actividad económica que suavice de algún modo las consecuencias de la crisis en la que estamos. Pero los bienes de la salud y de la vida tienen que preservarse y el camino es incierto. Ese camino requiere responsabilidad política y responsabilidad social.

La desescalada a subasta. (16.05.2020)

La falta de transparencia del Ministerio de Sanidad sobre el equipo que toma las decisiones en la desescalada, sobre los informes y el modo de ponderar los diferentes indicadores abonan la sensación de que estamos asistiendo a una auténtica subasta política. Esa sospecha está alimentada por los criterios utilizados la semana pasada con el País Vasco, al que se le concedió un paso a la Fase 1, a la carta. Decisión que se tomó después de que el Gobierno necesitara los votos del PNV para convalidar en el Congreso el estado de alarma. La necesidad que tiene Sánchez de recuperar el apoyo de ERC para la nueva prórroga de las medidas excepcionales ha puesto sobre la mesa también un trato diferenciado para Cataluña.

La crisis sanitaria por el coronavirus está lejos de haberse solucionado. El estudio de seroprevalencia ha mostrado que solo un 5 por ciento de los españoles están inmunizados. Y los centros de atención primaria siguen sin recursos para realizar la tarea fundamental en este momento: identificar a los nuevos positivos y aislar a los posibles contagiados. Salvo sorpresa, la lucha contra el virus va para largo y la desescalada no puede estar en función de los apoyos parlamentarios de minorías territoriales y de sus calendarios electorales. Sánchez da muestra de un tacticismo peligroso. Todo hubiera sido más fácil de resolver si desde el comienzo hubiera llegado a un acuerdo con el principal partido de la oposición.