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JUICIO PRETORIA

Ex altos cargos de CiU pidieron a Pujol y Mas mediar para obtener mordidas

La Audiencia Nacional considera probado que el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el exconseller Maciá Alavedra acudieron a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas para que mediasen en asuntos administrativos en los que "se proponían obtener un beneficio económico".

  • Agencia EFE

La Audiencia Nacional considera probado que el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el exconseller Maciá Alavedra acudieron a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas para que mediasen en asuntos administrativos en los que "se proponían obtener un beneficio económico".

En la sentencia del caso Pretoria, en la que el tribunal condena a Prenafeta y Alavedra, considerados hombres de confianza de Pujol, a casi 2 años de prisión tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, la Audiencia Nacional señala que ambos se valieron de sus "vínculos personales y de antigua militancia" para intermediar en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.

Así se desprende de las "numerosísimas conversaciones escuchadas en el juicio", que evidencian "claramente" la forma de proceder "y el sistemático aprovechamiento" del líder de la trama, el exdiputado del PSC Luigi -condenado a 7 años-, en connivencia con Prenafeta y Alavedra.

Después de sus respectivos ceses de la actividad política, señala la sentencia, de 1.369 páginas, Prenafeta y Alavedra siguieron manteniendo "un trato cordial y familiaridad con diversos cargos públicos, incluidos Jordi Pujol y Artur Mas y diversos consellers, a los que recurrían para que mediaran en diversos asuntos administrativos en los que los hoy acusados se proponían obtener un beneficio económico".

Además de servirse estas "estrechas y fluidas relaciones", también utilizaron "el ascendente obtenido por el prolongado desempeño de cargos públicos en el Parlament de Cataluña y en el Gobierno de la Generalitat" para intermediar en diferentes procesos de adjudicación a cambio de "sustanciosas comisiones".

Junto con Luigi, ambos planearon y ejecutaron "el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones" en diversas operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios barceloneses de San Andrés de Llavaneras y Badalona.

Todo ello a cambio de "ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial" que, según convinieron, ascenderían a un porcentaje de "entre un 3 y un 4 %", pagadas por empresarios y que se repartían a partes iguales.

Para ocultar sus ganancias, los tres acusados se sirvieron de un complejo entramado societario y de diversas cuentas radicadas en territorios off shore con las que desvinculaban el origen y la titularidad de las comisiones "para aflorarlas con una apariencia lícita".

Una labor de "ocultación y reinversión" de fondos que hicieron a través de sus mujeres, a las que utilizaron como testaferros, y de otros acusados.

Por todo ello, además de la pena de cárcel, la Audiencia Nacional les condena a sendas multas de 5,8 millones de euros en el caso de Prenafeta y 3,2 para Alavedra.

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