Según el Artículo 305, Título XIV de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social  de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

Por otro lado, la Ley explica que la simple presentación de una declaración, no evita que uno que esté defraudando: La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Finalmente, el fraude conlleva una tercera sanción: Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

En defininitiva, el delito fiscal es una conducta contraria a la ley que está tipificada en el Código Penal como delito. Es decir, el Artículo 305 de la Ley citada anteriormente. Y el fraude fiscal es un tipo de delito fiscal que consiste en la vulneración de una norma con la que se pretende eludir mediante engaño el pago de un impuesto.