El Consejo de Transparencia acusa a la Comunidad de no poder tramitar reclamaciones

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) ha acusado este lunes al Gobierno regional de impedir la tramitación de las 119 reclamaciones presentadas ante la sede electrónica de este órgano por parte de ciudadanos desde el 1 de enero de este año.

En un comunicado, el CTRM ha señalado que los reclamantes piden "amparo" en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, pero sus documentos no pueden ser tramitado al impedir la Comunidad la interconexión con el registro electrónico ORVE/SIR.

Por entidades reclamadas se sitúa en primer lugar la administración autonómica, con 76 reclamaciones ante la negativa a entregar la información solicitada por los ciudadanos.

Le sigue el ayuntamiento de Murcia, con 14 reclamaciones, seguido del de Cartagena (6), Mazarrón (4) y Totana (2). A la lista se suman otros consistorios e instituciones, como la Universidad de Murcia (UMU), con 2 reclamaciones; el Servicio Murciano de Salud (1) y la Asamblea Regional (1).

La inexistencia de interconexión con el registro electrónico impide al CTRM recibir y mandar comunicaciones y documentos a las distintas administraciones implicadas en la tramitación de su reclamación y, de esta forma, poder emitir una resolución con las "debidas garantías jurídicas".

Desde su creación, en 2015, y hasta el 31 de diciembre de 2021, este órgano ha emitido 710 resoluciones.

Este comunicado se publica días después de la dimisión del presidente del CTRM, Julián Pérez-Templado, que ha alegado "motivos personales" para renunciar al cargo tras dos años al frente de este órgano.

Además, su sustitución temporal previa, a causa de una baja por motivos de salud, por el profesor de Derecho Administrativo de la UMU y vocal del CTRM, Santiago Álvarez, cuyo procedimiento ha sido puesto en duda por la vicepresidenta y consejera de Transparencia, Isabel Franco, y por el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, institución donde se elegirá al nuevo presidente.

El profesor de Derecho Administrativo de la UMU ha aclarado que está al frente del cargo provisionalmente y para cubrir la representación institucional de este órgano, mientras que Pérez-Templado ha defendido la legalidad de su sustitución temporal.

Una de las decisiones adoptadas por el CTRM durante el mandato de Pérez-Templado acaeció en noviembre de 2021, cuando dio un plazo de 15 días al Gobierno regional para publicar los datos de los altos cargos que se vacunaron contra la Covid-19 saltándose el protocolo establecido.