Ordenan derribar otra casa en ruina en Lorca en la que se refugiaban personas sin hogar
Los vecinos alertaron de la situación de peligro de derrumbe de la casa del barrio de San Cristóbal, que ha sido precintada por el ayuntamiento
Lorca - Publicado el
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El Ayuntamiento de Lorca ha precintado una vivienda deshabitada en el barrio de San Cristóbal en la que pernoctaban personas sin hogar. Tras constatar su situación de ruina técnica, el consistorio ha decidido tramitar una orden de derribo inminente para eliminar cualquier riesgo.
El inmueble, situado en la calle Abellaneda, era utilizado como refugio nocturno por un número indeterminado de personas, según habían alertado los vecinos de la zona. La concejala de Control del Padrón, Belén Pérez, ha confirmado que los informes técnicos han verificado el “agotamiento generalizado de sus elementos estructurales”, por lo que han aconsejado su demolición completa “ante el riesgo que supone para personas y bienes”.
Colaboración ciudadana, clave
La edil ha explicado que la colaboración ciudadana está resultando “fundamental y clave” para la detección de este tipo de situaciones. Gracias a las denuncias recibidas, se ha podido actuar con rapidez “para evitar situaciones de peligro”. Una vez aprobado el inicio del procedimiento de ruina, se concede un plazo de diez días al propietario para que presente alegaciones antes de proceder a la demolición, que el Ayuntamiento ejecutará de forma subsidiaria si no se realiza voluntariamente.
Se trata de la segunda declaración de ruina impulsada recientemente por el consistorio, tras la anunciada hace dos semanas en el número 13 de la calle Carril de Caldereros, de donde tuvo que ser desalojada una familia con menores que ocupaba la casa de forma ilegal.
No vamos a permitir ni a tolerar que se haga negocio con situaciones que vulneran los derechos de las personas"
Concejala del Padrón
Nuevas sanciones a construcciones ilegales
El departamento de Pérez también ha incoado cuatro nuevos procedimientos sancionadores contra promotores de construcciones ilegales que han incumplido las órdenes de demolición. Entre estos casos se encuentran trasteros reconvertidos en viviendas y chabolas que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Según ha indicado Pérez, las multas superarán los 40.000 euros.
Desde el equipo de gobierno insisten en que no van a “permitir ni a tolerar que se haga negocio con todas aquellas situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas y, por supuesto, con situaciones que pueden estar al margen de la ley”. El objetivo, asegura la concejala, es lograr un “municipio mucho más seguro, más ordenado y más habitable”.
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