Lorca se planta ante la CHS por los mapas de inundabilidad que bloquean 3.500 hectáreas
El Ayuntamiento, empresarios y vecinos presentan casi 300 alegaciones contra la nueva cartografía que impide construir en diversas pedanías de la huerta y amenaza con pérdidas millonarias a los propietarios del suelo
Lorca - Publicado el
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El Ayuntamiento de Lorca, junto a organizaciones empresariales como Ceclor y la Cámara de Comercio, colegios profesionales, plataformas vecinales y propietarios particulares, ha presentado casi 300 alegaciones contra la última actualización de las zonas de flujo preferente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Así lo ha confirmado la concejala de Urbanismo, María Hernández, quien ha detallado que estos escritos se suman al millar presentado en las tres revisiones cartográficas anteriores.
Un bloqueo de 200 millones de euros
La nueva cartografía, publicada por la CHS el pasado agosto, amplía en un 50 por ciento la superficie afectada. Esta medida impide la construcción en 3.500 hectáreas de suelo en diversas pedanías de la huerta lorquina, como Cazalla, Campillo, Purias o La Torrecilla.
Según las estimaciones del consistorio, las limitaciones impuestas por los mapas perjudican a miles de personas y provocarán un impacto económico de unos 200 millones de euros por la depreciación de los terrenos.
Oposición frontal por falta de rigor técnico
La concejala ha insistido en la oposición del ayuntamiento a esta delimitación, que considera una medida preventiva de la CHS para contrarrestar la falta de infraestructuras hidráulicas clave comprometidas en el plan de defensa de avenidas. Entre las obras pendientes se encuentran tres presas de laminación en la cabecera de ramblas, diques de contención y el encauzamiento de la rambla de Biznaga.
Por ello, la concejala ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transición Ecológica la suspensión de los mapas de inundación, que en opinión del consistorio se han redactado sin rigor técnico ni científico. Además, el Ayuntamiento ha advertido que, si las alegaciones son desestimadas, no descarta acudir a la vía judicial y ha asegurado que respaldará las movilizaciones sociales que puedan convocarse para frenar su aplicación.
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